Reformas Constitucionales acaban con el secreto por via reglamentaria

En la edición del Diario Oficial de hoy, se publicó la ley Nº 20.050, que contiene las reformas constitucionales recientemente aprobadas, una de las cuales elimina la facultad de los funcionarios públicos para declarar secretos actos y documentos públicos.-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

SANTIAGO, 26 de agosto de 2005, (CDS News).- Rapidamente fueron publicadas las reformas a la Constitución Política recientemente aprobadas, lo que tiene un enorme impacto en materia de acceso a la información pública. En efecto, una de las reformas aprobadas incorpora un nuevo artículo 8º, que señala que:

"Artículo 8.º El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, laseguridad de la Nación o el interés nacional.".

De esta manera, se pone término a las prácticas de secretismo que, desde el año 2001, muchos servicios públicos comenzaron a desarrollar, y que se concretaron en la publicación de más de 90 resoluciones que restringían el acceso a información que -por su propia naturaleza-, era de carácter de pública. Ello, bajo el amparo normativo del DS 26/2001 Segpres, que contiene el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos, instrumento que entregó amplias facultades a los funcionarios para actuar discrecionalmente en esta materia. Muchas de estas resoluciones ya habían sido declarados ilegales por parte de la Contraloría General de La República en el dictamen Nº 49883 de octubre de 2004.

Con la publicación de esta nueva norma, todas las resoluciones de secreto dictadas a la fecha deben entenderse que están derogadas. Así lo señaló el mismo Segpres al momento de dar respuesta a la presentación efectuada sobre esta misma materia por diversas organizaciones ciudadanas, y que se contiene en el oficio respuesta Nº 925/2005, el cual indica que esta modificación implicará "la derogación de las resoluciones de secreto y reserva, toda vez que establecen que dicha declaración solamente la puede hacer el legislador, no la autoridad administrativa".

En este escenario, urge generar un rápido proceso de eliminación de las resoluciones de secreto, a fin de evitar la "sobrevivencia" de dichos anacrónicos resabios normativos de secretismo, para lo cual se requiere que las autoridades y jefes de servicio involucrados procedan a derogarlas expresamente. Dicha orientación ya ha sido comunicada por medio del oficio Nº 914/2005 de Segpres, el cual les señaló a todos los servicios y reparticiones públicas que: "ante la necesidad de preparar a los organismos de la Administración para el nuevo escenario normativo descrito, se ha estimado conveniente comunicar formalmente a Ud. la orientación que deberá presidir la actuación administrativa en materia de publicidad y transparencia, a objeto que se proceda desde ya, a revisar los criterios aplicados y a definir las estrategias e instrumentos de gestión que permitan la estricta observancia de dichosprincipios, velando siempre por la mayor publicidad y transparencia posibles".

Todo lo anterior justifica justifica la apertura de un proceso de discusión pública, en el cual todos los sectores involucrados, tanto del estado como la Ciudadanía, generen un debate y propuestas respecto del nivel de publicidad que una sociedad democrática debe sostener, y que concluya en la construcción de un código de buenas prácticas en materia de secreto, tarea para lo cual se puede tomar como punto de partida el mismo oficio Nº 914/2005 que ya se comentó.

Moises Sanchez.-

Ver ademas:

"Secretismo en Chile: Revisión de la Práctica Administrativa 2001-2005" (Moisés Sánchez)

"Transparencia y Probidad en los gobiernos de la Concertación" (Rodrigo Egaña B.)

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