Señor director:
Algunos medios de prensa han informado que el ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, ofició a los diferentes servicios públicos para que revisen sus criterios para que sus actos sean transparentes. Ello, para que exista coherencia con las reformas constitucionales que disponen que el secreto sólo se justifica cuando lo permite una ley de quórum calificado. Sin embargo, eso debe ser complementado, ya que el cambio experimentado por el gobierno está motivado por el dictamen Nº 49883 del 4 de octubre de 2004 de la Contraloría General de la República, el cual estableció la ilegalidad de más de 50 resoluciones de secreto y reserva emanadas de ministerios, seremis y otros, ordenándose a esas reparticiones que las modificaran a la brevedad.
Por diferentes vías, los abogados Juan Pablo Olmedo, de ProAcceso a la Información Pública, y Moisés Sánchez, representando a algunas organizaciones de la sociedad civil, una de las cuales es la nuestra, le exigieron al gobierno que sus servicios públicos acataran el contundente dictamen de la Contraloría. Por ello, finalmente el ministro, mediante su ORD (DJ) Nº 914 del 2 de agosto pasado, orienta a los anteriores en materia de transparencia y publicidad.
Chile se está transformando para bien en materias de acceso pleno a la documentación pública, gracias a la movilización de ciertas organizaciones sin fines de lucro que creen en la democracia a toda prueba.
Patricio Herman P.
Agrupación Defendamos la Ciudad
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