Gobierno envió instrucciones a todas las oficinas para que revisen las normativas que establecen cuáles son los documentos y antecedentes que quedan al margen del conocimiento de la ciudadanía.
Laureano Checa
Mediante un oficio de la Secretaría General de la Presidencia, el Ejecutivo instruyó a todas las dependencias administrativas que modifiquen sus normativas internas de secreto y reserva, lo que en la práctica debería significar que haya un número mucho más reducido de materias que queden fuera del conocimiento de la ciudadanía.
La medida gubernamental responde a la necesidad de adecuar las resoluciones y decretos de los distintos servicios al nuevo escenario que se planteará tras la aprobación de las reformas constitucionales. El reconocimiento en la Carta Magna del Derecho de Acceso a la Información Pública hace necesaria la modificación Decreto Supremo nº 26/2001, el cual permite que los encargados de cada servicio público determinen discrecionalmente qué materias quedarán fuera del escrutinio público.
Lo anterior alude a la incorporación de un nuevo artículo 8 en la Carta Magna, el cual indica que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.
La exigencia de fijar por ley las causales por las cuales una información sería considerada reservada o secreta ya estaba recogida en el Proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública propuesto por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri. La iniciativa, incluida en la Agenda de Transparencia, está actualmente en discusión en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara alta.
El oficio nº 914/2005 viene a solucionar el problema generado por las más de 90 resoluciones administrativas que desde el año 2001, diversas oficinas públicas comenzaron a dictar, y en las cuales se declaraba secreta información de relevancia para la ciudadanía, imponiendo una prohibición de acceder a dichos antecedentes por un período de 20 años, y expresas limitaciones a la prensa para difundirlos. Esta restrictiva normativa se basaba en el reglamento sobre esta materia que publicó este mismo ministerio en 2001 (DS 26/2001 Minsegpres). La nueva postura del gobierno, además, contribuye a hacer cumplir las instrucciones emitidas por la Contraloría General de la República mediante dictamen 49883 del 04 de octubre de 2004, en las que estableció la ilegalidad de estas resoluciones, ordenándose a estas reparticiones modificarlas a la brevedad.
La solicitud fue redactada por el abogado ambientalista Moisés Sánchez R., y fue suscrito por Patricio Herman, de la agrupación "Defendamos la Ciudad"; Juan Carlos Cárdenas, del "Centro Ecocéanos"; Lake Sagaris, de la organización ciudadana "Ciudad Viva"; Marcel Claude, de "Oceana"; y Rodrigo Pizarro, de la Fundación "Terram", contando con el apoyo de otras organizaciones sociales y ciudadanas.
Significativo cambio
Como "una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos y acceso a información" fue calificada por organizaciones de la sociedad civil la respuesta entregada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, a la solicitud para que se tomen medidas en contra de la creciente cantidad de resoluciones gubernamentales que establecen el secreto de información estatal que, por su propia naturaleza, es de carácter público.
Como "una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos y acceso a información" fue calificada por organizaciones de la sociedad civil la respuesta entregada por el Ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, a la solicitud para que se tomen medidas en contra de la creciente cantidad de resoluciones gubernamentales que establecen el secreto de información estatal que, por su propia naturaleza, es de carácter público.
Esta respuesta fue entregada a través del oficio Nº 925/2005 de la Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres), y en ella se destaca que las últimas reformas constitucionales, así como el proyecto de ley de acceso a la información de los senadores Hernan Larraín y Jaime Gazmuri, implicarán, una vez que entren en vigencia, "la derogación de las resoluciones de secreto y reserva, toda vez que establecen que dicha declaración solamente la puede hacer el legislador, no la autoridad administrativa".
Además, agrega el texto del Minsegpres, que para dicho efecto, se envió un oficio con recomendaciones a todos los servicios públicos, el que fue incorporado dentro de la contestación de la autoridad para conocimiento de la ciudadanía.
Dichas recomendaciones (oficio Nº914/2005 Minsegpres), señalan que "el texto de la nueva disposición constitucional y el contenido del proyecto de ley mencionado, expresan con fidelidad la orientación política que el Gobierno sustenta en materia de publicidad y acceso a la información administrativa."
Por ello, y ante la necesidad de preparar a los organismos de la administración para el nuevo escenario normativo, el gobierno comunicó formalmente "la orientación que deberá presidir la actuación administrativa en materia de publicidad y transparencia, a objeto que se proceda desde ya, a revisar los criterios aplicados y a definir las estrategias e instrumentos de gestión que permitan la estricta observancia de dichos principios, velando siempre por la mayor publicidad y transparencia posibles"
Sociedad Civil aplaude decisión
Moisés Sánchez, redactor de la presentación, afirmó que "este oficio es solo el principio, y constituye la base de lo que debe ser un código de buenas prácticas en materia de secreto, aspecto en el cual estamos dispuestos a avanzar con el gobierno".
Moisés Sánchez, redactor de la presentación, afirmó que "este oficio es solo el principio, y constituye la base de lo que debe ser un código de buenas prácticas en materia de secreto, aspecto en el cual estamos dispuestos a avanzar con el gobierno".
El presidente de Pro Acceso, Juan Pablo Olmedo, describió la actitud del Gobierno como “muy positiva” e indicó que la decisión de corregir el rumbo marcado por el Decreto nº26 es un significativo avance en materia de transparencia y control ciudadano. Advirtió que este tipo de medidas contribuyen enormemente a la imagen que proyecta el Ejecutivo hacia la ciudadanía y el país hacia el exterior.
Matías Guiloff, abogado de la organización Oceana, indicó que este oficio "es un paso hacia delante en la consagración de un derecho de acceso a la información pública que garantice la participación ciudadana".
En este mismo sentido, Lake Sagaris, Presidenta la la organización ciudadana Ciudad Viva felicitó "a las organizaciones y las personas que han trabajado duramente para lograr este avance de parte del gobierno y al gobierno mismo por un cambio de actitud que se refleja en estas nuevas provisiones legales. El derecho a la información es un derecho fundamental para el sano y efectivo funcionamiento de la democracia, y requiere - además de los reglamentos -una fuerte voluntad de parte de las autoridades públicas de hacerlo realidad en cada una de sus acciones."Esperamos –agregó Sagaris- que esto sea el primer paso hacia un gran cambio en las actitudes y acciones cotidianas, que es donde este tipo de provisión realmente se pone a prueba."
Por su parte, Rodrigo Pizarro, Director Ejecutivo de Fundación Terram valoró "la postura del gobierno en promover y proteger el libre acceso a la información de todos los organismos públicos del Estado por parte de cualquier ciudadano. Creemos que esta es la mejor forma de promover la participación ciudadana, empoderando a las personas con el fin de que puedan formarse una opinión fundada, influir en las políticas públicas y fiscalizar el correcto funcionamiento de las instituciones."Sin embargo -agrego Pizarro-, esperamos que la aprobación de la ley que avala el Acceso a la Información Pública se concrete lo antes posible, para que esta declaración por parte del Ejecutivo no quede sólo en las buenas intenciones".
Por su parte el Centro Ecoceanos afirmó que "los reclamos de las organizaciones ciudadanas y el trabajo cooperativo entre las ONGs y especialistas en estas materias lograron que el Estado se vea obligado a modificar estas añeja práctica de secretismo estatal"."Acceder a información oportuna, veraz y de calidad es uno de los pilares del trabajo de las organizaciones ciudadanas y una sociedad moderna, un Estado moderno no tiene justificaciones para prohibir el acceso a información. Es un paso más hacia la transparencia, la democratización de nuestra sociedad y la conquista de estos necesaria nueva generación de derechos ciudadanos", dijo el Centro Ecoceanos.
Más informaciones
Oficio nº 925/2005
Oficio nº 914/2005
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Secretismo en Chile: Revisión de la práctica administrativa 2001-2005
Moisés Sánchez: Secretismo en contratos
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Decreto nº 26/2001
Rodrigo Egaña: Transparencia y probidad en los gobiernos de la Concertación
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