2008: Abriendo las Puertas

Después de un tiempo de silencio, motivado por mis responsabilidades como Director ejecutivo de Fundación Pro Acceso, creo que ha llegado el momento de retomar "la pluma" para compartir con ustedes mis reflexiones sobre el proceso que esta desarrollando Chile en materia de acceso a la información. Sin duda alguna, este año será muy intersante en esta materia, ya que se aprobó la ley de acceso a la información por parte del Congreso Nacional (entiendo que actualmente está siendo examinada en el Tribunal Constitucional), y por lo que me han dicho, debiera ser ley en el mes de Mayo.-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

SANTIAGO, 17 de Marzo de 2008, (Cronologia del secreto).- Después de un tiempo de silencio, motivado por mis responsabilidades como Director ejecutivo de Fundación Pro Acceso, creo que ha llegado el momento de retomar "la pluma" para compartir con ustedes mis reflexiones sobre el proceso que se esta desarrollando en Chile en materia de acceso a la información. Sin duda alguna, este año será muy intersante en esta materia, ya que se aprobó la ley de Transparencia y Acceso a la Información por parte del Congreso Nacional (entiendo que actualmente está siendo examinada en el Tribunal Constitucional), y por lo que me han dicho, debiera ser ley en el mes de Mayo.

Un hecho de este último fin de semana que es necesario destacar, es la desiganción de Felipe del Solar como encargado de la Unidad de Probidad y Transparencia que se creo al interior de Segpres, y que es la continuadora de la liderada por el abogado Rafael Blanco. Esto resulta ser muy importante, toda vez que será justamente esta unidad la que deberá coordinar los esfuerzos al interior de la Administración del Estado para ajustarse a las exigencias y nuevos estándares de transparencia de la ley (que esperamos no sean de secreto). El tiempo que tendrá para adaptarse no será mucho, lo que plantea un gran desafío para el nuevo encargado. Por mi parte, tengo confianza en que se hará un gran trabajo, ya que conozco los méritos de Felipe y su gran idoneidad técnica. Desde luego, los ciudadanos y organizaciones tenemos nuestra cuota de responsabilidad en este proceso ejerciendo la necesaria labor de contraloría social.

No obstante, el aspecto en que hay que poner mayor atención es el proceso de designación de los integrantes del Consejo para la Transparencia, órgano colegiado que tendrá el rol de resolver los conflictos generados entre los ciudadanos y el Estado con motivo de solicitudes de información. La designación debiera ocurrir dentro del primer semestre del año, mediante nómina enviada por el Ejecutivo al Senado para su ratificación. Los cuatro integrantes de este órgano, dado el alto interés público de las materias que abordarán, debieran reunir especiales condiciones y experticia en materia de derechos humanos, y por ello se hace necesario que el proceso de designación genere mecanismo de transparencia tanto del proceso mismo, como del mérito de los candidatos. Por supuesto, también debiera dar espacio a la necesaria participación de la ciudadanía.

Como se que me he referido a una serie de materias que no se encuentran reflejadas en este blog, haré el esfuerzo de ir poniendo al día esta página con toda la información de la tramitación legislativa del proyecto de ley, y además les haré llegar un documento de análisis sobre la misma que será publicado el el "Observatorio legislativo 2007".

Por último, solo señalar que como ha sido costumbre, quedo abierto a recibir todos sus comentarios, ideas y sugerencias, pues al final del día, el objetivo de este blog es que sea útil para tod@s, y no un simple ejercicio de autocomplacencia.

Bueno, que mas decir, un gusto estar de vuelta.

Moises Sanchez.-

Fotografia:
Candado (bajo licencia creative commons)

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Nota: se suprimieron tildes de este articulo para evitar problemas de visualizacion en distintos navegadores

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Secretismo 2006

Estas primeras semanas de este año 2006 han mostrado señales de que el debate en torno al secretismo y la información pública entro en una nueva etapa. En efecto, mientras estuvo vigente el regalmento de secreto de los actos y documentos públicos, todos los esfuerzos ciudadanos se concentraron en obtener su derogación, lo que en definitiva ocurrio a principios de año. Sin embargo, a partir de ese importante hito, han ocurrido ciertos hechos de connotación pública que dan cuenta de otras aristas del problema que deben ser abordadas.

En este sentido, polémicas como las ocurridas con la licitación de la vacuna DPT y la insulina "wosulin", la licitación del Mineduc de los sitemas informaticos con la consultora Cofisa (que adjudicaron de manera errónea los créditos con aval del estado), y la excesiva alza de las contribuciones de predios no agrícolas (respecto de las cuales no se sabe la metodología que uso el SII), por solo mencionar los casos más importantes, permiten afirmar la existencia de prácticas secretistas dentro de la administración del estado que seguiran vigentes de no mediar un cambio cultural.

Además, es de preveer que dichas prácticas asumirán formas cada vez más complejas, por lo que el acceso a los criterios y metodologias usados asumirá una importancia crucial en esta materia.

 

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Segpres distribuye a los Servicios guía con reglas sobre acceso a la información

Les hacemos llegar el texto del oficio ORD (DJ) Nº 072-2006 de Segpres, de fecha 24.01.06, que complementa las orientaciones en materia de transparencia y publicidad de los actos de la Administración contenidos en el Oficio ORD (DJ) Nº 914-2005, y que contiene además como anexo la "Guía de reglas y criterios aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa".-

La confección de esta guia habia sido anunciada en el oficio respuesta a la presentación efectuada por la Red Proacceso a la Información Pública, Foro Chileno por la Libertad de Expresión y Participa, en noviembre del año pasado, en la que se solicitaba se declarara la derogacion tácita del reglamento de secreto desde el momento en que entró en viegencia el nuevo artículo 8º de la Constitución. Dicha derogación fue reconocida mediante el D.S. 134/Segpres, publicado en el Diaio Oficial de fecha 05.01.2006.-

Bajar "Guía de reglas y criterios aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa" aquí .

Moisés Sánchez R.

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Libertad de expresión, por Jaime Bellolio

En esta carta la director publicada hoy en La Tercera, Jaime Bellolio plantea, entre otros temas, el que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.-

Libertad de expresión

Señor director:

El 15 de enero concluyó el proceso presidencial, todo un ejemplo de cultura cívica para el país y América Latina. Los canales de televisión chilenos y Anatel contribuyeron al éxito señalado, informando las posturas de los candidatos, difundiendo sus declaraciones, cubriendo sus campañas y transmitiendo gratuitamente las dos tandas de franja electoral, además de convocarlos a dos debates televisivos.

Este proceso, sin embargo, no puede agotarse en la cobertura del acto electoral. Es necesario recoger los lineamientos de los candidatos y sus equipos acerca de los temas más importantes de la televisión chilena: libertad de expresión, acceso a la información pública, delimitación entre lo público y lo privado y despenalización de las figuras de responsabilidad de los medios de comunicación.

En el caso de la Presidenta electa, dichas directrices formarán parte de su agenda de gobierno y materializarlas será un desafío durante los próximos cuatro años. El candidato Piñera, en la medida que continúe en el servicio público, esperamos que siga apoyando las iniciativas que vayan en beneficio de la libertad informativa.

Quizás nunca antes hubo tanta coincidencia en los distintos sectores políticos, en cuanto a que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.

La libertad para informar y la creación de figuras modernas de responsabilidad que eviten ver a periodistas o directores acusados penalmente o privados de libertad son considerados en Chile como hitos de una democracia moderna y vigorosa.

Los conflictos deben ser resueltos por los tribunales, pero no son la base para desconfiar y limitar a los medios que ejercen sus labores legítimamente. Por ello, el período que se avecina exige del gobierno y las instituciones del país esfuerzos para lograr que los medios y especialmente la televisión sean no sólo un instrumento de información y entretención, sino una eficaz herramienta de ejercicio de derechos, de control de los poderes públicos y de responsable expresión de las ideas.

El sentido e importancia de estos principios los hemos hecho ver en reiteradas ocasiones a la opinión pública y los seguiremos defendiendo e impulsando con igual fuerza en el futuro.

Jaime Bellolio

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Mineduc se niega a dar información

El Ministerio de Educación rechazó ayer informar sobre la existencia o no de otros contratos con la consultora de Christian Larraín, Cofisa S.A. El propio economista declaró a los medios que no tenía más vínculos contractuales con la secretaría de Estado que los informados: una asesoría en 2004 por $ 3 millones y dos contratos en 2005 para diseñar e implementar el modelo crediticio -por $ 12 y 16 millones- entre los cuales fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores (La Tercera, 26 de enero). -

Tras conocerse los contratos, la Contraloría investiga el alcance de estos pagos. Larraín señaló que "me parece fantástico porque no tenemos nada que ocultar".

A una consulta de La Tercera sobre si había otros contratos con Larraín -y, en caso afirmativo, cuáles eran los conceptos, duración y monto de los mismos-, la secretaria de Estado respondió que no se entregará ninguna información mientras "sea materia de revisión de Contraloría". El abogado Moisés Sánchez, encargado del área legal de Proacceso, dijo que "no hay motivo ni resolución administrativa que ampare la reserva de estos antecedentes por parte del ministerio".

Al no existir un sumario de Contraloría, los datos quedan afectos al artículo 8° de la Constitución, que define como públicos todos los actos del Estado.

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