Este es un artículo publicado hoy por Proacceso, en el que se destacan los logros obtenidos en la reunión que tuvimos con el subsecretario del Minsegpres, Rodrigo Egaña.
Será modificada la norma que ampara el secretismo en Chile
Gobierno también se comprometió a enviar un oficio a las distintas dependencias públicas para que reformen sus reglamentos internos sobre acceso a la información pública.
Laureano Checa
El reconocimiento constitucional del Derecho de Acceso a la Información Pública obligará a la modificación de la norma que faculta a las distintas reparticiones públicas a fijar a discreción qué materias serán consideradas como reservadas o secretas.
La división jurídica de la subsecretaría general de la Presidencia confirmó que al aprobarse la indicación que exige una ley de quórum calificado para establecer causales de secreto o reserva, será necesario modificar las normativas de menor jerarquía legal. Esto afecta directamente al Decreto Supremo nº 26/2001, el cual permite que cada servicio público determine qué materias quedarán fuera del escrutinio público.
La información fue publicada en el blog –o bitácora personal- del abogado Moisés Sánchez, quien se reunió el jueves 21 de julio con el subsecretario general de la Presidencia, Rodrigo Egaña, personal de la división jurídica de esta dependencia y un delegado de la Comisión Defensora Ciudadana. La subsecretaría confirmó los antecedentes de la conversación referidos por el profesional.
Sánchez precisó que los presentes concluyeron que “al aprobarse la indicación que exige una ley de quórum calificado para establecer causales de secreto o reserva, eso necesariamente tendría que tener un impacto en la normativa de inferior jerarquía”. Agregó que consultó “si eso conllevaría una modificación del Decreto nº 26 (reglamento de secreto y reserva), y la representante de la división jurídica, después de una breve reflexión, señaló que sí.”
Lo anterior alude a la incorporación de un nuevo artículo 8 en la Carta Magna, el cual indica que “son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”.
La exigencia de fijar por ley las causales por las cuales una información sería considerada reservada o secreta ya estaba recogida en el Proyecto de Ley sobre Acceso a la Información Pública propuesto por los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri. La iniciativa, incluida en la Agenda de Transparencia, está actualmente en discusión en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la Cámara alta.
Avances significativos
Otro de los puntos abordados por Sánchez y Egaña se refirió a la presentación hecha por el abogado ante la Secretaría General de la Presidencia el pasado 3 de junio, cuando cinco organizaciones ciudadanas instaron al Gobierno a hacer cumplir un dictamen de la Contraloría General de la República que obliga a más de 80 servicios públicos y municipalidades a revisar las resoluciones y decretos dictados en virtud del Decreto nº 26.
La solicitud fue presentada por Sánchez en representación de Defendamos la Ciudad, Centro Ecocéanos, Ciudad Viva, Oceana y Fundación Terram y buscaba que el Ministerio instruya a las distintas reparticiones a ajustar sus normativas al criterio fijado por la Contraloría en el Dictamen Nº 49883 del 04/10/2004, “que aclaró y limitó los alcances de la normativa de secreto y reserva, ordenando a las distintas reparticiones que reexaminaran dichas resoluciones, y las modificaran de acuerdo a los principios señalados en el cuerpo de dicho pronunciamiento”, según indica el texto de la presentación.
En el encuentro, Egaña le informó a Sánchez que se enviará a todas las reparticiones públicas un oficio en el cual “se indicarán orientaciones de política en esta materia, con recomendaciones concretas a seguir en el proceso de modificación de las resoluciones de secreto, para evitar caer en vicios de legalidad”, explicó el profesional. La subsecretaría confirmó que dicho documento se emitirá la semana entrante y tendrá carácter público.
Se trata de casi 90 resoluciones emitidas por dependencias del Ejecutivo y municipalidades. Los criterios de reserva y secreto reflejados en ellas han sido duramente cuestionados por el estudio "Secretismo en Chile: Revisión de la práctica administrativa 2001-2005", realizado por el propio Sánchez.
Moisés Sánchez manifestó su satisfacción por los avances alcanzados en el encuentro con Egaña. Aseguró que cuando entren en vigencia las reformas constitucionales “comenzará una nueva etapa en la regulación del secreto, la que debiera partir no solo con la modificación sustancial de las resoluciones vigentes, sino que también con la modificación o reemplazo del Decreto nº 26/2001”.
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