Cuando era alcalde de Santiago, el candidato presidencial de la UDI estableció el secreto para una amplia gama de información. Será secreta por 20 años la documentación de las licitaciones y contrataciones del municipio.
Publicado en diario La Nacion, 14 de julio de 2005
Patricio Herman y Moisés Sánchez
Agrupación Defendamos la Ciudad
Hemos sido testigos de acontecimientos que han puesto en evidencia la escasa transparencia de la gestión de algunas autoridades del Poder Ejecutivo, especialmente para las licitaciones, los contratos y las remuneraciones, lo que ha creado una duda sobre la probidad de algunos funcionarios. Esta falta de transparencia se ve reflejada en la dictación, de 2001 a la fecha, de 91 resoluciones que establecen el secreto de una serie de actos y documentos en poder de las autoridades. Muchos de estas decisiones fueron revisadas por la Contraloría General de la República en octubre de 2004. Hasta hoy todavía no han sido modificadas pese a existir una instrucción precisa del órgano contralor.
Lo anterior no es sino el reflejo de la “cultura del secretismo” que impera en el aparato público. Esta forma de conducirse ha impedido durante años efectuar un adecuado ejercicio de control social de parte de la ciudadanía. No obstante lo anterior, llama la atención que en el debate que se ha desarrollado durante estas semanas, muchos actores del mundo político se autoproclaman como defensores de la transparencia en la gestión pública. Pero ellos mismos dan pruebas de no quedar totalmente exentos de responsabilidad en esta falta de transparencia. Es interesante destacar que cuando era alcalde de Santiago el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, estableció mediante el decreto alcaldicio Nº 205, vigente desde el 2 de marzo de 2004, un régimen de secreto para una amplia gama de información de gran interés público, especialmente en materia de licitaciones, remuneraciones y planificación urbana.
En efecto, dicho pernicioso decreto declara que serán secretos durante el no despreciable período de 20 años toda la documentación complementaria y de respaldo que se elaboró para las ofertas presentadas en los procesos de licitación y contratación realizados en el municipio, así como también los antecedentes relativos a la capacidad económica de los oferentes. Esto no contribuye a generar procesos de adjudicación transparentes. Es más, esta nueva situación creada por Lavín en Santiago inhibe todo tipo de control ciudadano posterior, al impedirse el acceso a dicha documentación por dos décadas, un lapso bastante significativo.
Sin embargo, el alcance de dicha norma no se limita a estas materias. También consagra al interior del municipio un oscuro régimen de acceso a los cargos públicos, porque extiende el régimen restrictivo a todo el “proceso de evaluación de los participantes a concursos internos y públicos y sus antecedentes, incluso después de finalizar el proceso”; a los actos “inherentes al proceso calificatorio del personal”; y a toda la “información relativa a las remuneraciones y honorarios del personal”. La sola lectura de estos pasajes deja en evidencia que la “cultura del secretismo” responde más bien a una lógica transversal a todos los sectores políticos.
Sin embargo, lo más grave de dicho inicuo decreto es que es el único de los 91 vigentes que declara secretos, también por 20 años, una serie de documentación vinculada con el desarrollo inmobiliario de la comuna, la cual, por su propia naturaleza, debe ser de conocimiento público. Entre éstos se encuentran los relacionados con la adquisición y enajenación de inmuebles, previo al perfeccionamiento del contrato respectivo, todos los peritajes y estudios desarrollados en los proyectos y las obras; y los documentos relativos a la “elaboración y modificación de instrumentos de planificación comunal”. De esta manera, se ve limitada la posibilidad de los ciudadanos de poder participar de manera informada en los procesos de planificación territorial de la comuna más importante de Chile, y ejercer un adecuado control de los proyectos en ejecución.
Por estos motivos, el miércoles pasado efectuamos una presentación formal ante el actual alcalde, Raúl Alcaíno, destinada a que inicie un procedimiento administrativo de modificación de dicha norma, mediante la cual esperamos se puedan superar todas estas deficiencias y, de alguna forma, acercar el discurso oficial a la práctica cotidiana.
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