Columna de opinion de Patricio Herman publicada en "El Peridiodista"
El gobierno ha dado muestras palmarias en cuanto a su forma de manejar la estructura del Estado, de tal forma que la ciudadanía poco sepa de los documentos o actos públicos generados por los ministerios, subsecretarías, seremis y servicios en general; se cultiva la política del secretismo y por ello la Contraloría General de la República, hace un año, estableció la ilegalidad de 91 resoluciones publicadas en el Diario Oficial. Sólo la Conama y la Subsecretaría de Pesca modificaron sus resoluciones enmarcándolas en la legalidad.
El resto de las reparticiones públicas han optado por declararse en rebeldía, no acatando la instrucción del ente fiscalizador, hecho sumamente curioso en un país donde el Presidente recurrentemente afirma que las "instituciones funcionan".
Pero no sólo el Poder Ejecutivo aplica con desfachatez esa práctica antidemocrática de esconder del escrutinio ciudadano la información pública que maneja.
En efecto, hace unos días nos vimos en la obligación de ingresar en la Municipalidad de Santiago una presentación legal en la cual, con el abogado Moisés Sánchez, exigimos al alcalde Raúl Alcaíno que iniciara un procedimiento de revisión y modificación del decreto alcaldicio Nº 205 del 2 de marzo de 2004 que declaró como secretos una serie de documentos y actos municipales.
Esa municipalidad no desea que la información relativa a remuneraciones, licitaciones y todos los antecedentes referidos a las modificaciones de Plan Regulador Comunal de Santiago sean conocidos por sus mandantes. Además, sometió a este régimen de reserva los documentos relativos a proyectos arquitectónicos, los peritajes y estudios de obras, y los estudios y documentos relacionados con la adquisición y enajenación de inmuebles.
Estas inicuas disposiciones de secreto contravienen no sólo la normativa vigente sino el sentido común. Sustraer del conocimiento de la ciudadanía antecedentes que la misma ley les otorga el carácter de públicos es un despropósito incalificable que viola la Ley Nº 19.653, Ley de Probidad, y sus reglamentos.
Por tal motivo, basados en el artículo 53 de la ley Nº 19.880, le pedimos a Alcaíno que iniciara un procedimiento administrativo, con el fin de proceder a la revisión del Decreto Nº 205/2004, en los términos señalados en el marco regulatorio, y que, en su mérito, se adopten todas las medidas de análisis y coordinación que fueren necesarias a fin de ajustar dicho decreto a la normativa legal. No era tanto pedir.
Y para que no quedaran dudas, en cuanto a lo que estábamos solicitando, le entregamos con fines ilustrativos, el documento "Secretismo en Chile: revisión de la práctica administrativa 2001-2005", en el cual se realiza un análisis jurídico de las principales prácticas en materia de secreto y reserva por parte de las autoridades públicas, elaborado por Moisés Sánchez, quien se ha transformado en una pesadilla para los oscurantistas.
*"Agrupación "Defendamos la Ciudad"
Ver:
"Secretismo en todos lados", Patricio Herman, El periodista 22.07.2005
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