Mejor acceso a la información, por Felipe del Solar

En este artículo, el autor reflexiona en torno a la necesidad de acompañar a los procesos de reforma legislativo en materia de acceso a la información, de los debidos cambios culturales, a fin de revertir la tradición de secretismo que suele imperar en aquellos países que carecían de este tipo de legislación hasta hace poco. En ese sentido, afirma que "mientras más tarda un país en incorporar el derecho de acceso a la información pública, mayores herramientas son necesarias para revertir la tradición de secreto que imperaba hasta entonces en los cuales este tipo de normativa Intro" (La Tercera).- .-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

SANTIAGO, 16 de noviembre de 2005, (La Tercera).- El acceso a la información pública es la columna vertebral de la transparencia. Esta herramienta para la probidad, la participación ciudadana y el control social sobre la actuación de los funcionarios públicos ha adquirido creciente importancia a nivel global. Chile también ha avanzado en este sentido, aunque con relativa lentitud.

Una de las señales de este proceso en Chile es la reciente reforma a la Constitución, que incorporó en su artículo 8° el principio de publicidad para los actos del Estado excepto en casos especiales que deben ser establecidos por ley de quórum calificado. Se ha consagrado así con rango constitucional el acceso a la información pública en nuestro país. Pero la realidad que los cambios jurídicos por sí mismos, incluso si son de la trascendencia de una reforma constitucional, no garantizan los cambios culturales necesarios para terminar con el secreto y ejercer el derecho de acceso a la información en la práctica.

Este se funda en la premisa de que toda información generada o recopilada con fondos públicos es de libre acceso ciudadano, excepto si pone en riesgo la seguridad nacional o los intereses de terceros. De esta forma se convierte en una herramienta vital para la libertad de expresión, para la participación ciudadana y el control social de la gestión pública, pues genera mayores espacios de contacto entre el ciudadano y la autoridad.

La experiencia internacional muestra que la aprobación de leyes que garantizan el acceso a la información pública ha ido en aumento: hay 65 países que han aprobado leyes de este tipo y 45 de ellos lo ha hecho sólo en los últimos 10 años.
Pero la experiencia internacional también indica que los cambios legales tienen poco impacto si no vienen acompañados de instrumentos eficaces que los pongan en práctica: el que mejor opera es una entidad autónoma que vela por el cumplimiento estricto de la norma, defendiendo a los ciudadanos y elaborando estándares, metodologías y obligaciones para las agencias públicas.

Actualmente 12 países cuentan con este órgano (Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, México, Portugal, Eslovenia, Reino Unido y Tailandia). En la mayoría, dichos organismos fueron incorporados en las leyes más recientes. ¿Por qué? En general porque ha quedado demostrado que sin una entidad autónoma y de dedicación exclusiva a esta materia, romper las prácticas atávicas del secreto es muy difícil, si no imposible. La norma no escrita dice que mientras más tarda un país en incorporar el derecho de acceso a la información pública, mayores herramientas son necesarias para revertir la tradición de secreto que imperaba hasta entonces.

Los países nórdicos son, sin duda, pioneros y viven en una tradición profundamente adversa al secreto. En naciones donde, en cambio, ha predominado una cultura de secretismo, leyes recientes han tenido efectos bastante dispares. Pero donde se ha creado una entidad autónoma que vele por la aplicación de este derecho el resultado ha sido positivo.

Transformar una estructura estatal donde la costumbre y la tradición tienden a favorecer el secreto requiere mucho más que una ley. Requiere de un cambio cultural de grandes dimensiones. Esos cambios no se producen de un día para otro y demandan un esfuerzo de largo plazo, consistente y permanente. Es necesario generar buenas prácticas, uniformar criterios en toda la estructura del Estado, prestar asistencia técnica, capacitar funcionarios. También se requiere crear canales de difusión hacia la ciudadanía y contar con una instancia de mediación entre el individuo y el Estado antes de tener que recurrir a la justicia. Todas éstas son funciones indispensables y que debe asumir una entidad de dedicación exclusiva.

Los ejemplos del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en México y del Access to Information Commissioner de Reino Unido -sólo por mencionar dos- debieran ser considerados en el proyecto sobre la materia que se discute en el Congreso. Ojalá no sólo sea Chile el país 66 en contar con una ley, sino también la decimotercera nación en crear un organismo que la ponga en práctica.

Felipe del Solar
Directo de Pro Acceso

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