Transparencia en el Poder Judicial, por Laureano Checa

La inquietud de la nueva presidencia de la Corte Suprema en torno a eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que está dibujando la propia Constitución.-

Transparencia en el Poder Judicial

La decisión de la nueva presidencia de Corte Suprema —que a partir de enero estará encabezada por Enrique Tapia— de relevar el tema de la transparencia en el Poder Judicial abrió un debate enriquecedor y que puede arrojar grandes frutos para la democracia chilena.

No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.

En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.

En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).

El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.

En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.

La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".

Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.

Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.

Laureano Checa

Más Informaciones:

Corte Suprema define cambios del "gobierno judicial"

J.M. Vivanco: "Hay jueces que se resisten a terminar con el secretismo"

Ministro Bates también desea transparentar el Poder Judicial