La semana pasada fuimos testigos de la negativa de la Corte Suprema de entregar las calificaciones del ministro Carlos Cerda Fernandez a la comisión de constitución del Senado, situación que fue "salvada" por el propio ministro que solicitó autorización para llevarlas personalmente.
La resolución de la Corte Suprema fue escueta, y se limitó a señalar que tal reserva "fluye" de los artículos 274 y 276 del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, un detalle no menor es la existencia de importantes votos disidentes (cuyo contenido no conocemos), lo que da cuenta de que dicha opinión no es sólida. En este sentido, algunos juristas plantean que la reserva que tratan esos artículos solo se refieren al proceso de generación de calificaciones, y que por lo tanto dicha información debería tener carácter público.
La verdad es que en momentos en que el país se compromete cada día más con la transparencia, resulta contradictoria y anacrónica la postura de este Alto Tribunal, que viene a poner trabas a la posibilidad de generar un debate público respecto del perfil, opiniones y méritos de los candidadatos que son postulados. Por ello, la posición del ministro en cuanto a permitir el acceso a sus calificaciones a la comisión no sólo habla bien de él, sino que es un ejemplo del espíritu que deberá animar la judicatura en esta nueva etapa, de mayorn participación y transparencia.
Moisés Sánchez R.
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