En esta carta la director publicada hoy en La Tercera, Jaime Bellolio plantea, entre otros temas, el que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.-
Libertad de expresión
Señor director:
El 15 de enero concluyó el proceso presidencial, todo un ejemplo de cultura cívica para el país y América Latina. Los canales de televisión chilenos y Anatel contribuyeron al éxito señalado, informando las posturas de los candidatos, difundiendo sus declaraciones, cubriendo sus campañas y transmitiendo gratuitamente las dos tandas de franja electoral, además de convocarlos a dos debates televisivos.
Este proceso, sin embargo, no puede agotarse en la cobertura del acto electoral. Es necesario recoger los lineamientos de los candidatos y sus equipos acerca de los temas más importantes de la televisión chilena: libertad de expresión, acceso a la información pública, delimitación entre lo público y lo privado y despenalización de las figuras de responsabilidad de los medios de comunicación.
En el caso de la Presidenta electa, dichas directrices formarán parte de su agenda de gobierno y materializarlas será un desafío durante los próximos cuatro años. El candidato Piñera, en la medida que continúe en el servicio público, esperamos que siga apoyando las iniciativas que vayan en beneficio de la libertad informativa.
Quizás nunca antes hubo tanta coincidencia en los distintos sectores políticos, en cuanto a que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.
La libertad para informar y la creación de figuras modernas de responsabilidad que eviten ver a periodistas o directores acusados penalmente o privados de libertad son considerados en Chile como hitos de una democracia moderna y vigorosa.
Los conflictos deben ser resueltos por los tribunales, pero no son la base para desconfiar y limitar a los medios que ejercen sus labores legítimamente. Por ello, el período que se avecina exige del gobierno y las instituciones del país esfuerzos para lograr que los medios y especialmente la televisión sean no sólo un instrumento de información y entretención, sino una eficaz herramienta de ejercicio de derechos, de control de los poderes públicos y de responsable expresión de las ideas.
El sentido e importancia de estos principios los hemos hecho ver en reiteradas ocasiones a la opinión pública y los seguiremos defendiendo e impulsando con igual fuerza en el futuro.
Jaime Bellolio
domingo, enero 29, 2006
jueves, enero 26, 2006
Mineduc se niega a dar información
El Ministerio de Educación rechazó ayer informar sobre la existencia o no de otros contratos con la consultora de Christian Larraín, Cofisa S.A. El propio economista declaró a los medios que no tenía más vínculos contractuales con la secretaría de Estado que los informados: una asesoría en 2004 por $ 3 millones y dos contratos en 2005 para diseñar e implementar el modelo crediticio -por $ 12 y 16 millones- entre los cuales fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores (La Tercera, 26 de enero). -
Tras conocerse los contratos, la Contraloría investiga el alcance de estos pagos. Larraín señaló que "me parece fantástico porque no tenemos nada que ocultar".
A una consulta de La Tercera sobre si había otros contratos con Larraín -y, en caso afirmativo, cuáles eran los conceptos, duración y monto de los mismos-, la secretaria de Estado respondió que no se entregará ninguna información mientras "sea materia de revisión de Contraloría". El abogado Moisés Sánchez, encargado del área legal de Proacceso, dijo que "no hay motivo ni resolución administrativa que ampare la reserva de estos antecedentes por parte del ministerio".
Al no existir un sumario de Contraloría, los datos quedan afectos al artículo 8° de la Constitución, que define como públicos todos los actos del Estado.
Ir a noticia aqui
Tras conocerse los contratos, la Contraloría investiga el alcance de estos pagos. Larraín señaló que "me parece fantástico porque no tenemos nada que ocultar".
A una consulta de La Tercera sobre si había otros contratos con Larraín -y, en caso afirmativo, cuáles eran los conceptos, duración y monto de los mismos-, la secretaria de Estado respondió que no se entregará ninguna información mientras "sea materia de revisión de Contraloría". El abogado Moisés Sánchez, encargado del área legal de Proacceso, dijo que "no hay motivo ni resolución administrativa que ampare la reserva de estos antecedentes por parte del ministerio".
Al no existir un sumario de Contraloría, los datos quedan afectos al artículo 8° de la Constitución, que define como públicos todos los actos del Estado.
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martes, enero 24, 2006
Secretismo en Ministerio de Educación
Los problemas de transparencia y secretismo que se generaron a propósito del error (inexcusable por cierto) en la asignación de los créditos con aval del Estado, dieron pie a la publicación en estos último dias de varios artículos y columnas de opinión, especialmente en La Segunda y La Tercera:
Presidente de Inacap cuenta como logró romper el Secretismo
(La segunda version impresa 23.01.2006)
Transparencia y error en créditos a educación superior
(la Tercera 24.01.2006)
Presidente de Inacap cuenta como logró romper el Secretismo
(La segunda version impresa 23.01.2006)
Transparencia y error en créditos a educación superior
(la Tercera 24.01.2006)
lunes, enero 23, 2006
Crédito Universitario e Información Pública
En relación con el crédito para estudiantes con aval del Estado, si bien está claro que hubo un error en la asignación, no queda claro si este se debió a la aplicación de un crietrio discrecional o si bien si se trató de un "simple error computacional", lo que en cualquiera de los casos constituye una negligencia inexcusable.
De manera ejemplar, se me ocurre que las personas afectadas podrían solicitar al Ministerio que les haga entrega de la información de los recursos que se entregaron a las 100 personas que aparecen dentro de la lista de benficiados con los ingresos más altos. Eso podría ayudar a esclarecer más la discusión, y a dimensionar la entidad del error.
De manera ejemplar, se me ocurre que las personas afectadas podrían solicitar al Ministerio que les haga entrega de la información de los recursos que se entregaron a las 100 personas que aparecen dentro de la lista de benficiados con los ingresos más altos. Eso podría ayudar a esclarecer más la discusión, y a dimensionar la entidad del error.
Obligacion de generar informacion publica en el sector salmonero
Ecoceanos, en un comunicado de fecha 20 de enero, afirma que en el próximo informe de evaluación de los compromisos sobre temas laborales incluidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, se incluirá información de la industria salmonera relativa a "incumplimiento de normas de higiene y seguridad, la tendencia a la externalización de los servicios, y una seguidilla de denuncias por prácticas antisindicales".
De acuerdo a dicho comunicado, la Directora regional del Trabajo, Adriana Moreno, explicó que "el informe está centrado en el sector salmonero e involucrará a lo menos a diez grandes empresas del sector que fundamentalmente tienen radicadas sus faenas en Chiloé. El objetivo es determinar cual es el comportamiento que tiene la salmonicultura, a la luz de los indicadores vinculados a los derechos fundamentales establecidos en el capítulo 18 del TLC firmado con Estados Unidos".
La generación de dichos informes constituye, sin duda alguna, un avance en materia de información pública, y pone de relieve la incidencia que tienen los acuerdos comerciales internacionales en esta materia, al establecer obligaciones específicas de generarla.
Moisés Sánchez R.
De acuerdo a dicho comunicado, la Directora regional del Trabajo, Adriana Moreno, explicó que "el informe está centrado en el sector salmonero e involucrará a lo menos a diez grandes empresas del sector que fundamentalmente tienen radicadas sus faenas en Chiloé. El objetivo es determinar cual es el comportamiento que tiene la salmonicultura, a la luz de los indicadores vinculados a los derechos fundamentales establecidos en el capítulo 18 del TLC firmado con Estados Unidos".
La generación de dichos informes constituye, sin duda alguna, un avance en materia de información pública, y pone de relieve la incidencia que tienen los acuerdos comerciales internacionales en esta materia, al establecer obligaciones específicas de generarla.
Moisés Sánchez R.
sábado, enero 21, 2006
Secretismo en las calificaciones de los ministros de Corte
La semana pasada fuimos testigos de la negativa de la Corte Suprema de entregar las calificaciones del ministro Carlos Cerda Fernandez a la comisión de constitución del Senado, situación que fue "salvada" por el propio ministro que solicitó autorización para llevarlas personalmente.
La resolución de la Corte Suprema fue escueta, y se limitó a señalar que tal reserva "fluye" de los artículos 274 y 276 del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, un detalle no menor es la existencia de importantes votos disidentes (cuyo contenido no conocemos), lo que da cuenta de que dicha opinión no es sólida. En este sentido, algunos juristas plantean que la reserva que tratan esos artículos solo se refieren al proceso de generación de calificaciones, y que por lo tanto dicha información debería tener carácter público.
La verdad es que en momentos en que el país se compromete cada día más con la transparencia, resulta contradictoria y anacrónica la postura de este Alto Tribunal, que viene a poner trabas a la posibilidad de generar un debate público respecto del perfil, opiniones y méritos de los candidadatos que son postulados. Por ello, la posición del ministro en cuanto a permitir el acceso a sus calificaciones a la comisión no sólo habla bien de él, sino que es un ejemplo del espíritu que deberá animar la judicatura en esta nueva etapa, de mayorn participación y transparencia.
Moisés Sánchez R.
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miércoles, enero 18, 2006
Secretismo: Chile vs. EEUU, por Felipe del Solar
La Comisión de Constitución del Senado debiera recibir hoy en Valparaíso al juez Carlos Cerda antes de decidir respecto de su ratificación para asumir como ministro de la Corte Suprema. Resulta, sin embargo, una incógnita si el procedimiento general de ratificación se atendrá o no a lo dispuesto en el nuevo Artículo 8 de la Constitución, el cual establece el criterio de publicidad para todos los actos del Estado.-
Desde que se promulgara el nuevo texto de la Constitución en agosto pasado, el Senado ha votado la ratificación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y el Consejo del Banco Central. En aquellas instancias el voto secreto ha predominado.
Coincidentemente, por estos días se debate en el Senado de Estados Unidos la nominación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de ese país. No es el objeto de esta columna analizar el fondo de los debates respecto de ambas nominaciones. Lo que se intenta resaltar, en cambio, son las diferencias en ambos procedimientos. Y las distinciones fundamentales en este caso dicen relación con la transparencia y la participación ciudadana.
La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos realizó audiencias públicas la semana pasada para conocer a fondo la posición del juez Samuel Alito respecto de temas de gran interés público, y la prensa ha dado una amplia cobertura a este proceso. Por televisión se ha podido seguir el transcurso de las audiencias y en las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha generado un amplio debate.
Es posible experimentar, a la distancia, la sensación de verdadero escrutinio público respecto del proceso para su ratificación y ha sido posible constatar su carácter eminentemente público y transparente. The New York Times informó hace algunos días que los senadores Arlen Specter (republicano), presidente de la Comisión de Justicia, y Patrick J. Leahy (demócrata) aseguraron al nominado juez Alito "un trato justo antes de decidir su voto, pero le han advertido que, antes de darle sus votos, debe convencerlos a ellos y, por tanto, al pueblo estadounidense de que merece tener un asiento en la Suprema Corte". Podemos decir que, de igual forma, los representantes en el Congreso deben convencer al pueblo estadounidense de que la decisión que tomen será la correcta.
Durante todo el proceso en cuestión, el diálogo entre los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos ha sido directo y franco. En la página web de la Comisión de Justicia, por otra parte, se puede revisar el currículum completo del juez, así como sus sentencias y su declaración patrimonial. El juez Alito declara poseer una casa avaluada en US$ 869.500 e inversiones financieras por un monto de US$ 788.750. Con estos y otros tantos antecedentes públicos, los representantes de los ciudadanos estadounidenses en el Senado podrán votar dentro de los próximos días (está anunciada la votación en sala para el 31 de enero) y los ciudadanos no sólo podrán saber cómo votaron sus parlamentarios, sino que tendrán a la mano los mismos antecedentes que ellos.
El proceso de votación respecto del nombramiento del juez Carlos Cerda se produce en un punto de inflexión en nuestra cultura de secretismo. Está en manos de nuestros parlamentarios y del Poder Judicial decidir si el procedimiento será más transparente que los vistos hasta ahora.
Proacceso, en conjunto con diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanas ha enviado hace pocos días una carta a la Comisión de Constitución de nuestro Senado, solicitando que la audiencia de hoy tenga carácter público. Confiamos en que nuestra solicitud será acogida favorablemente, pues creemos que las utilidades que los estadounidenses han reconocido en la transparencia de sus procesos públicos -ejemplificada en el proceso de ratificación del juez Alito- también debiesen beneficiar al sistema político chileno.
Felipe del Solar
Secretismo: Chile vs. EEUU (La Tercera 18.01.2006)
Desde que se promulgara el nuevo texto de la Constitución en agosto pasado, el Senado ha votado la ratificación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y el Consejo del Banco Central. En aquellas instancias el voto secreto ha predominado.
Coincidentemente, por estos días se debate en el Senado de Estados Unidos la nominación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de ese país. No es el objeto de esta columna analizar el fondo de los debates respecto de ambas nominaciones. Lo que se intenta resaltar, en cambio, son las diferencias en ambos procedimientos. Y las distinciones fundamentales en este caso dicen relación con la transparencia y la participación ciudadana.
La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos realizó audiencias públicas la semana pasada para conocer a fondo la posición del juez Samuel Alito respecto de temas de gran interés público, y la prensa ha dado una amplia cobertura a este proceso. Por televisión se ha podido seguir el transcurso de las audiencias y en las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha generado un amplio debate.
Es posible experimentar, a la distancia, la sensación de verdadero escrutinio público respecto del proceso para su ratificación y ha sido posible constatar su carácter eminentemente público y transparente. The New York Times informó hace algunos días que los senadores Arlen Specter (republicano), presidente de la Comisión de Justicia, y Patrick J. Leahy (demócrata) aseguraron al nominado juez Alito "un trato justo antes de decidir su voto, pero le han advertido que, antes de darle sus votos, debe convencerlos a ellos y, por tanto, al pueblo estadounidense de que merece tener un asiento en la Suprema Corte". Podemos decir que, de igual forma, los representantes en el Congreso deben convencer al pueblo estadounidense de que la decisión que tomen será la correcta.
Durante todo el proceso en cuestión, el diálogo entre los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos ha sido directo y franco. En la página web de la Comisión de Justicia, por otra parte, se puede revisar el currículum completo del juez, así como sus sentencias y su declaración patrimonial. El juez Alito declara poseer una casa avaluada en US$ 869.500 e inversiones financieras por un monto de US$ 788.750. Con estos y otros tantos antecedentes públicos, los representantes de los ciudadanos estadounidenses en el Senado podrán votar dentro de los próximos días (está anunciada la votación en sala para el 31 de enero) y los ciudadanos no sólo podrán saber cómo votaron sus parlamentarios, sino que tendrán a la mano los mismos antecedentes que ellos.
El proceso de votación respecto del nombramiento del juez Carlos Cerda se produce en un punto de inflexión en nuestra cultura de secretismo. Está en manos de nuestros parlamentarios y del Poder Judicial decidir si el procedimiento será más transparente que los vistos hasta ahora.
Proacceso, en conjunto con diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanas ha enviado hace pocos días una carta a la Comisión de Constitución de nuestro Senado, solicitando que la audiencia de hoy tenga carácter público. Confiamos en que nuestra solicitud será acogida favorablemente, pues creemos que las utilidades que los estadounidenses han reconocido en la transparencia de sus procesos públicos -ejemplificada en el proceso de ratificación del juez Alito- también debiesen beneficiar al sistema político chileno.
Felipe del Solar
Secretismo: Chile vs. EEUU (La Tercera 18.01.2006)
martes, enero 17, 2006
Transparencia en el Poder Judicial, por Laureano Checa
La inquietud de la nueva presidencia de la Corte Suprema en torno a eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que está dibujando la propia Constitución.-
Transparencia en el Poder Judicial
La decisión de la nueva presidencia de Corte Suprema —que a partir de enero estará encabezada por Enrique Tapia— de relevar el tema de la transparencia en el Poder Judicial abrió un debate enriquecedor y que puede arrojar grandes frutos para la democracia chilena.
No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.
En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.
En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).
El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.
En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.
La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".
Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.
Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.
Laureano Checa
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No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.
En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.
En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).
El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.
En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.
La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".
Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.
Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.
Laureano Checa
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Comunicado: Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana
Ciudadanía quiere presenciar el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde se analizará la designación del ministro Carlos Cerda como integrante de la Corte Suprema. Se requirió también la posibilidad de canalizar sus consultas a través del presidente de dicha instancia, Alberto Espina (Proacceso, 17.01.2006).-
Mayor transparencia en las decisiones:
Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana
La publicidad de las sesiones donde se deciden los nombramientos en el Senado ha evidenciado la carencia de un debate público en torno a la opinión sobre temas de gran interés ciudadano de aquellos candidatos a asumir cargos de alta relevancia. El análisis de lo sucedido en la sala demuestra que las decisiones se resuelven en las entrevistas que sostienen los postulantes en la comisión correspondiente, que no son públicas.
Frente a eso, una docena de representantes de la sociedad civil coordinados por Pro Acceso solicitaron al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, senador Alberto Espina, que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento sobre lo que sucede en esta instancia, dotando de mayor transparencia todo el proceso de designación.
En una carta dirigida a Espina, representantes de ONGs, escuelas de Derecho y Periodismo y profesionales a título personal solicitaron a la comisión que les permitiera asistir a la sesión del día 18 de enero de 2006, donde se estudiará el nombramiento del Juez Carlos Cerda a la Corte Suprema. En caso de que la respuesta sea positiva, se requirió “que se deje constancia en registros de acceso público de la discusión efectuada en esta sesión”, como una forma de sentar un precedente para futuras nominaciones.
También se pidió al senador que canalice una pregunta de la Sociedad Civil al ministro, para que éste se refiera a su “posición respecto al rango jurídico que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile deben tener en nuestro ordenamiento. Asimismo, (consultarle) en qué medida deben incidir al momento de fallar cuestiones que afectan derechos constitucionales”, indica la misiva.
Los firmantes de la carta son Juan Pablo Olmedo, presidente de ProAcceso; Felipe González, director del Programa de Derechos Humanos e Interés Público, Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de Corporación Participa; Sebastián Cox, presidente de Corporación ONG Forja; Federico Allendes, de Ciudad Viva; Jorge Osorio, director de Fundación Ciudadana para las Américas; Claudia Lagos, encargada del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Andrea Vial, directora de la Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado; Pedro Anguita, Escuela de Periodismo, Universidad Santo Tomás; Domingo Lovera y Jorge Contesse, profesores Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y María José Eva, abogada.
Profundizar la democracia
Juan Pablo Olmedo, explicó que esta iniciativa busca aumentar la participación de la ciudadanía en aquellas decisiones que le afectan directamente, mejorando a la vez las herramientas de control ciudadano.
“Hemos detectado que la publicidad de las sesiones en sala no es suficiente, puesto que las decisiones se toman en la comisión a puertas cerradas. Por eso hemos pedido que se nos permita asistir a la comisión el 18 de enero, que la ciudadanía pueda hacer llegar sus consultas y que se fije un precedente, para que la sociedad civil pueda volver a realizar este ejercicio de control ciudadano”, enfatizó.
El presidente de ProAcceso resaltó que una respuesta positiva por parte de la comisión marcará un antes y un después en términos de participación ciudadana, sentando las bases para profundizar, trasparentar y enriquecer nuestra democracia.
Ir a comunicado aqui
Mayor transparencia en las decisiones:
Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana
La publicidad de las sesiones donde se deciden los nombramientos en el Senado ha evidenciado la carencia de un debate público en torno a la opinión sobre temas de gran interés ciudadano de aquellos candidatos a asumir cargos de alta relevancia. El análisis de lo sucedido en la sala demuestra que las decisiones se resuelven en las entrevistas que sostienen los postulantes en la comisión correspondiente, que no son públicas.
Frente a eso, una docena de representantes de la sociedad civil coordinados por Pro Acceso solicitaron al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, senador Alberto Espina, que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento sobre lo que sucede en esta instancia, dotando de mayor transparencia todo el proceso de designación.
En una carta dirigida a Espina, representantes de ONGs, escuelas de Derecho y Periodismo y profesionales a título personal solicitaron a la comisión que les permitiera asistir a la sesión del día 18 de enero de 2006, donde se estudiará el nombramiento del Juez Carlos Cerda a la Corte Suprema. En caso de que la respuesta sea positiva, se requirió “que se deje constancia en registros de acceso público de la discusión efectuada en esta sesión”, como una forma de sentar un precedente para futuras nominaciones.
También se pidió al senador que canalice una pregunta de la Sociedad Civil al ministro, para que éste se refiera a su “posición respecto al rango jurídico que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile deben tener en nuestro ordenamiento. Asimismo, (consultarle) en qué medida deben incidir al momento de fallar cuestiones que afectan derechos constitucionales”, indica la misiva.
Los firmantes de la carta son Juan Pablo Olmedo, presidente de ProAcceso; Felipe González, director del Programa de Derechos Humanos e Interés Público, Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de Corporación Participa; Sebastián Cox, presidente de Corporación ONG Forja; Federico Allendes, de Ciudad Viva; Jorge Osorio, director de Fundación Ciudadana para las Américas; Claudia Lagos, encargada del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Andrea Vial, directora de la Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado; Pedro Anguita, Escuela de Periodismo, Universidad Santo Tomás; Domingo Lovera y Jorge Contesse, profesores Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y María José Eva, abogada.
Profundizar la democracia
Juan Pablo Olmedo, explicó que esta iniciativa busca aumentar la participación de la ciudadanía en aquellas decisiones que le afectan directamente, mejorando a la vez las herramientas de control ciudadano.
“Hemos detectado que la publicidad de las sesiones en sala no es suficiente, puesto que las decisiones se toman en la comisión a puertas cerradas. Por eso hemos pedido que se nos permita asistir a la comisión el 18 de enero, que la ciudadanía pueda hacer llegar sus consultas y que se fije un precedente, para que la sociedad civil pueda volver a realizar este ejercicio de control ciudadano”, enfatizó.
El presidente de ProAcceso resaltó que una respuesta positiva por parte de la comisión marcará un antes y un después en términos de participación ciudadana, sentando las bases para profundizar, trasparentar y enriquecer nuestra democracia.
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domingo, enero 15, 2006
Salmonicultura: Necesidad de generar información pública de sus impactos ambientales
Hoy se publico en "El Mercurio" una Carta de Rodrigo Infante, Gerente General de "SalmonChile A.G.", en la que dando respuesta a las críticas del economista de Oceana Cristian Gutierrez relativas a las deficiencias de la gestión ambiental y laboral del sector, señaló que "Es absolutamente falso que la situación de los ecosistemas se tradujera en costos económicos entre 138 y 270 millones de dólares, como sostiene el economista. Hasta el momento no hay ningún estudio público que acredite que existe daño o alteración en los ecosistemas, ni tampoco ninguna acción relativa al tema que explique los montos a que él alude". Dicho de otra forma, para el no hay daños porque no hay información pública que de cuenta de el.
Lo anterior es sólo un ejemplo, que sirve para demostrar que la ausencia de información respecto de los impactos ambientales en los más importante sectores económicos de Chile (Salmonicultura, Pesca, Bosque, etc), es uno de los grandes temas pendientes. No es posible que Chile no sepa cuantos recursos naturales se "gastan" en las actividades productivas, y por ello es necesario generar información pública (a través de cuentas ambientales u otro sistema) que reflejen el costo de nuestro desarrollo.
Moisés Sánchez R.
Lo anterior es sólo un ejemplo, que sirve para demostrar que la ausencia de información respecto de los impactos ambientales en los más importante sectores económicos de Chile (Salmonicultura, Pesca, Bosque, etc), es uno de los grandes temas pendientes. No es posible que Chile no sepa cuantos recursos naturales se "gastan" en las actividades productivas, y por ello es necesario generar información pública (a través de cuentas ambientales u otro sistema) que reflejen el costo de nuestro desarrollo.
Moisés Sánchez R.
viernes, enero 13, 2006
Fin del reglamento de secreto: ¿fin del secretismo?
Después de todas las acciones presentadas tanto en Contraloría como en Segpres en contra del secretismo ( y de las cuales ya hemos hablado en extenso en otras oportunidades); la reforma constitucional que garantizó en su nuevo artículo 8º el carácter públicos de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como de los fundamentos y los procedimientos que utilicen; y todo el debate generado en materia de transparencia, finalmente fue dejado sin efecto el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos, mediante el DS 134 de Segpres, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 2006. Esto, sin duda alguna, constituye una gran victoria ciudadana contra la opacidad.-
Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto
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Fotografia:
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Nota: se suprimieron tildes de este articulo para evitar problemas de visualizacion en distintos navegadores
Secretismo en INDAP
En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.-
Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto
SANTIAGO, 13 de enero de 2006, (Cronologia del Secreto).- En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.
En efecto, mediante la resolución administrativa Nº 7/2003, esta repartición declaro reservadas, entre otras materias, las “Auditorias, informes financieros y antecedentes patrimoniales entregados por los beneficiarios y sus organizaciones”, como asimismo las “bases de datos con información crediticia, financiera o de cualquiera otra naturaleza, de los beneficiarios de INDAP”, con lo que se limitó la posibilidad de generar controles de coherencia financiera.
Estas restricciones se establecieron amparándose en el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos (DS 26/2001 Segpres), cuya derogación fue declarada el 5 de enero de este año, en razón de ser incompatible con el principio de publicidad de los actos de las autoridades contenidos en el nuevo artículo 8º de la Constitución, incorporado en la última reforma a la carta Fundamental.
Ahora que dicha norma de secreto ya dejo de estar vigente, y con el fin de evitar posibles ambigüedades interpretativas, se hace necesario avanzar hacia un código de buenas prácticas en esta materia, que nos permita evitar problemas como los comentados en el futuro.
Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto
SANTIAGO, 13 de enero de 2006, (Cronologia del Secreto).- En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.
En efecto, mediante la resolución administrativa Nº 7/2003, esta repartición declaro reservadas, entre otras materias, las “Auditorias, informes financieros y antecedentes patrimoniales entregados por los beneficiarios y sus organizaciones”, como asimismo las “bases de datos con información crediticia, financiera o de cualquiera otra naturaleza, de los beneficiarios de INDAP”, con lo que se limitó la posibilidad de generar controles de coherencia financiera.
Estas restricciones se establecieron amparándose en el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos (DS 26/2001 Segpres), cuya derogación fue declarada el 5 de enero de este año, en razón de ser incompatible con el principio de publicidad de los actos de las autoridades contenidos en el nuevo artículo 8º de la Constitución, incorporado en la última reforma a la carta Fundamental.
Ahora que dicha norma de secreto ya dejo de estar vigente, y con el fin de evitar posibles ambigüedades interpretativas, se hace necesario avanzar hacia un código de buenas prácticas en esta materia, que nos permita evitar problemas como los comentados en el futuro.
Moises Sanchez.-
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Nota: se suprimieron tildes de este articulo para evitar problemas de visualizacion en distintos navegadores
lunes, enero 02, 2006
Un 2006 con más participación y transparencia
Quiero comenzar este nuevo año haciendo un rápido balance de los avances en materia de acceso a la información pública durante 2005, y los desafíos pendientes para este 2006. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la colaboración de una serie de personas e instituciones con las que me tocó trabajar de manera más cercana.-
Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto
SANTIAGO, 02 de enero de 2006, (Cronologia del secreto).- Quiero comenzar este nuevo año haciendo un rápido balance de los avances en materia de acceso a la información pública durante 2005, y los desafíos pendientes para este 2006. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la colaboración de una serie de personas e instituciones con las que me tocó trabajar de manera más cercana.
Respecto de los avances, sin lugar a dudas el de mayor trascendencia fue la incorporación de un nuevo artículo 8º a la Constitución, que garantiza la publicidad de los actos y documentos públicos, y que señala además que las causales de secreto sólo podrán ser establecidas por medio de ley de quórum calificado. Con ello se echó por tierra la práctica existente en la administración de dictar resoluciones de secreto para sustraer del conocimiento público una serie de informaciones que por su propia naturaleza revestían el carácter de públicas. A esto se suma el anuncio de la derogación del reglamento de secreto y reserva de los actos públicos (DS Nº 26/2001 Segpres), que efectuó el ministro Dockendorff hace algunos días. Cuando dicha derogación se haga efectiva, se eliminará toda posibilidad de que las autoridades administrativas pueda decidir por si misma, de manera discrecional, que actos y documentos son públicos y cuales no, lo que sin duda alguna contribuye al mejoramiento de las instituciones democráticas.
A pesar de lo anterior, aún existen muchas tareas pendientes para este año, de las cuales sólo quiero mencionar las más importantes:
a. Aprobar la ley de acceso a la información pública: Este proyecto de ley se encuentra actualmente en la cámara baja para su revisión, sin urgencia, lo que constituye un contrasentido, toda vez que hoy más que nunca, se hace necesario contar con una ley que regule la materia.
b. Establecer una comisión de acceso a la información: Esta es una materia de la mayor importancia, pues esta comisión contribuiría a lograr una correcta aplicación de la normativa de información pública que sea aprobada.
c. Garantizar un debate informado en el Senado respecto del perfil de los candidatos a ocupar altos cargos públicos, tales como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, entre otros: Uno de los efectos de la reforma a la constitución, fue la eliminación de las sesiones secretas en el Congreso, especialmente aquellas en las que se designan funcionarios públicos, pero a pesar de ello, en las últimas designaciones no ha existido debate alguno en sala respecto de la idoneidad de los candidadatos, lo que inhibe la discusión pública.
d. Establecer la obligación del Estado de conservar, procesar y generar información: La experiencia ha demostrado que no basta con garantizar el acceso a los documentos que “existen”, sino que es vital –especialmente en aquellos sectores de alto impacto ambiental o social-, que el Estado asuma la obligación de “generar” la información necesaria para saber el desempeño de estos sectores.
Desde luego la lista no es exhaustiva, pero al menos sirve para ver que no son pocos los desafío que aún quedan por delante.
Muchos de los avances obtenidos no se habrían concretado sin la acción decidida y valiente de una serie de personas e instituciones, y la colaboración desinteresada de otras tantas, a las que quiero felicitar y agradecer por toda su acción desplegada. En particular, quiero dar las gracias a las siguientes personas, con quienes me tocó desarrollar una acción mucho más estrecha:
Patricio Herman, de la agrupación “defendamos la ciudad”, gran dirigente ciudadano, que se ha caracterizado por presentar grandes luchas en contra del secretismo en materia urbano-territorial, y que fue “el motor” de muchas acciones.
Ximena Abogabir, de Casa de la Paz, que fue de gran apoyo en muchos momentos claves, en los que su consejo demostró ser tan sabio como siempre, y su respaldo un factor decisivo.
Juan Pablo Olmedo, de Proacceso, por todas las iniciativas desplegadas que pusieron en el debate público como nunca antes el tema del secretismo, y la motivación que me entregó para desarrollar muchas acciones que luego serían exitosas. También quiero agradecer a Laureano Checa, periodista de la misma institución, que me dio importantes enseñanzas para hacer mis notas y artículos mas comprensibles para los “no abogados”.
Fundación Terram, especialmente a su director ejecutivo Rodrigo Pizarro y su periodista Pilar Gil, que apoyaron todas las acciones contra el secretismo que le planteamos, y que actualmente ya están desarrollando iniciativas propias.
Organización Oceana y Marcel Claude, que desarrollaron muchas iniciativas en contra del secretismo en materia pesquera a través de la excelente gestión de su abogado Matias Guiloff, y que fueron copeticionarios en muchas de las acciones que nos tocó coordinar.
Centro Ecocéanos, que tuvo un rol importantísmo en difundir los alcances del secretismo en el sector marino, y que también estuvo presente en varias de las acciones. Agradezco también los sabios consejos de Juan Carlos Cárdenas, que fueron de mucha utilidad para el planteamiento estratégico de los casos, y el apoyo periodístico de Patricio Igor.
Ciudad Viva, que siempre tuvo la energía para estar presente, y que colaboró con la difusión del tema a nivel local. No puedo pasar sin destacar a Lake Sagaris, Patricio Lanfranco y Federico Allendes como grandes apoyos en esta tarea, a pesar de que ellos muchas veces no quieren aceptarlo.
También quiero agradecer a todos los abogados que colaboraron de manera desinteresada con su opinión y consejo, lo que fue de mucha utilidad para el éxito de las acciones, especialmente a Domingo Lovera, de la Clínica de asuntos de interés público de la Universidad Diego Portales, y a Matías Guiloff, con quienes coincidimos el año pasado en muchas iniciativas y actividades, lo que contribuyó a fortalecer nuestra amistad. También quiero dar las gracias a Rodrigo Egaña, subsecretario de Segpres, quien siempre fue muy gentil para atender nuestras solicitudes de una manera especial; y a Marta de la Fuente, de la comisión asesora presidencial, por la especial atención que le prestó a los casos que le planteamos.
Además, doy gracias a todos aquellos que no han sido mencionados en esta ya larga lista, y que de alguna forma colaboraron en las acciones en contra del secretismo. Esperamos seguir contando con ese valioso apoyo este año.
Que este año 2006 nos traiga buenas noticias en materia de información pública y transparencia¡¡
Moises Sanchez.-
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