Reacciones de la sociedad civil y la prensa
El dictamen de Contraloría generó una serie de reacciones positivas por parte de la sociedad civil, lo que motivo una serie de articulos y comentarios en prensa.
CONSUMERS INTERNATIONAL
"Fin a la información secreta en organismos públicos (20-10-2004)"
GRAN VALPARAISO
"Golpe al secretismo de Estado (25-10-2004)"
EL PERIODISTA
"Contraloría por la transparencia (25-10-2004)"
Texto de los comunicados:
COLEGIO DE PERIODISTAS
Contraloría: El "secreto" público es ilegal
Los sueldos de los altos funcionarios públicos y sus declaraciones juradas de intereses no pueden constituir "secretos", dictaminó la Contraloría General de la República.
El secreto sobre los asuntos administrativos en la administración del Estado es ilegal en una sociedad democrática dotada de leyes específicas –como es el caso de Chile–, según la decisión del organismo contralor.
La Contraloría ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen los reglamentos que protegen el "secreto" de algunos actos administrativos para que se ajusten al marco jurídico vigente.
El organismo acogió la impugnación presentada por las organizaciones de la sociedad civil "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos" contra medio centenar de reglamentos que declaran "reservados" o "secretos" ciertos documentos y antecedentes, invocando la legislación existente sobre acceso a la información pública.
La ONG "Chile Transparente" informó que el organismo contralor ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, en su mayoría referidos a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente.
A juicio de la Contraloría, esos reglamentos se extralimitaron y sobrepasaron los criterios de la Ley, dictada precisamente para contribuir a la transparencia de los actos administrativos y de los documentos y antecedentes que los sustentan, y no para aumentar el secreto y la reserva, como viene haciéndose en reglamentos dictados desde el 2001 al presente.
La Contraloría, además, estableció que los documentos y antecedentes que no son sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos, tampoco quedan "protgegidos" por la reserva o el secreto respecto a los ciudadanos directamente involucrados o afectados por esos documentos.
Dictaminó también que las declaraciones de intereses de los funcionarios son públicas por naturaleza y tampoco pueden quedar sometidas a reserva o secreto, como en algunos casos se había decretado, y que también son públicas sus remuneraciones.
Lea: Resolución completa de la Contraloría
EL MOSTRADOR
Contraloría objeta reglamentos sobre documentos reservados
El organismo ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, referidos en su mayoría a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente.
La Contraloría General de la República acogió la impugnación que las organizaciones "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos" elevaron contra un medio centenar de reglamentos que declaran documentos y antecedentes como reservados o secretos, al amparo de la legislación sobre acceso a la información pública. La ONG Chile Transparente informó que el organismo contralor ordenó a las reparticiones del Estado que reexaminen y modifiquen esos reglamentos, referidos en su mayoría a materias medioambientales, para que se ajusten al marco jurídico vigente. A juicio de la Contraloría, esos reglamentos se extralimitaron y sobrepasaron los criterios de la Ley, hecha para contribuir a la transparencia de los actos administrativos y de los documentos y antecedentes que los sustentan, y no para aumentar el secreto y la reserva, efecto directo de los reglamentos dictados desde el 2001 al presente. El organismo, además, interpretó la legislación en el sentido que los documentos y antecedentes que no son sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos, no quedan afectos a la reserva o al secreto respecto de los ciudadanos directamente involucrados o afectados en ellos. Dictaminó también que las declaraciones de intereses de los funcionarios son públicas por naturaleza y tampoco pueden quedar afectas a reserva o secreto, como en algunos casos se había decretado, y que también son públicas sus remuneraciones. Lea además: Resolución completa de la Contraloría
CONSUMERS INTERNATIONAL
Fin a la información secreta en organismos públicos
Santiago, 20 de octubre 2004.- Como "una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos" fue calificado por organizaciones ciudadanas el dictamen de la Contraloría General de la República que ordenó a todas las reparticiones públicas y ministerios a terminar con la práctica ilegal de declarar "secreta" cierta información que, por su naturaleza, tiene carácter de pública. El documento del ente contralor contiene impugnación a unas 50 diferentes Resoluciones de oficinas estatales, en las que algunas, incluso, declaraban secreto la publicación de los salarios de los funcionarios públicos, la información de los trámites de entrega de concesiones acuícolas y las declaraciones de intereses de los empleados fiscales, entre otras. Desde 2001 diversas oficinas públicas comenzaron a dictar resoluciones que declaraban "secreta" diversa información de relevancia para la ciudadanía, lo que implicaba que dichos antecedentes sólo podrían ser conocidos después de 20 años, existiendo una limitación expresa para su difusión por medio de la prensa. Por tal motivo, en el mes de mayo de 2003, se solicitó un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de 50 resoluciones que, a esa fecha, estaban vulnerando los derechos de los ciudadanos. Este libelo impugnatorio, redactado por el abogado ambientalista Moisés Sánchez (Jornadas en Re), fue suscrito por Patricio Herman (Agrupación "Defendamos la Ciudad"), Antonio García (Cívika, derechos ciudadanos), Edgardo Condeza (Movimiento por los Derechos y la Consulta Ciudadana), y contó con el apoyo de "Ciudad Viva" y el consejero regional metropolitano Pedro Saitz. (Fuente: Ecocéanos)
GRAN VALPARAISO
Golpe al secretismo del Gobierno
Inesperado dictamen de la Contraloría a retoma sana doctrina de que la democracia es pública y complica a tanto alto funcionario que en los hechos abomina de la transparencia
JAVIER SANCHEZ REYES(25/10/04)EN ESTOS TIEMPOS que corren, pese a la ola de escepticismo y de incredulidad que rodea la actividad diaria de los chilenos, hay algunas personas que porfiadamente insisten en ser optimistas: de tiempo en tiempo, quizá para no perder la capacidad de asombro, la vida les regala una excepción que confirma la regla de que las cosas no son tan malas como una gran mayoría parece creerlo.
Esta vez el milagro lo hizo la Contraloría que, contra todo pronóstico, y tras una presentación efectuada por una serie de organizaciones ciudadanas y ambientalistas, dijo lo que todos sospechábamos en el fondo de nuestra ingenuidad ciudadana: los actos administrativos de gobierno, por definición actos públicos, no pueden ser secretos.
Así, el pasado viernes 15 de octubre, se conoció públicamente el dictamen Nº49.883, que acogió la petición de las organizaciones ciudadanas, ordenando a diversas reparticiones públicas y ministerios volver a ‘convertir’ en públicos actos y documentos que habían sido declarados secretos en forma ilegal, lo que constituye una de las victorias más importantes de los últimos años en el ámbito de los derechos ciudadanos y libertades públicas.
Esta acción de los ciudadanos ante la Contraloría se comenzó a desarrollar a partir de detectar una cincuentena de resoluciones administrativas que declaraban secretos una serie de actos y documentos de distintas entidades que a la fecha de la presentación, extendían el régimen del ‘secretismo’ más allá de lo que establece la ley.
El dictamen, del que poco se ha dicho en los medios de comunicación cuestiona la legalidad de estos decretos, y, por ello, ordena que sean de dominio públicos antecedentes, ilegalmente condenados a la oscuridad administrativa: información de remuneraciones, juicios y reclamaciones ante tribunales; procesos disciplinarios; declaraciones de intereses y actas de sesiones; documentos de respaldo de egresos y contratos; decisiones respecto de estudios y análisis, así como trámites previos al pronunciamiento del cualquier acto administrativo.
Hitos como éste que pueden parecer insignificantes en el océano de abusos, arbitrariedades y decisiones unilaterales a las que a diario los chilenos comunes y corrientes se ven sometidos, son un gran paso y una señal potente del esfuerzo y la dirección que deben asumir las personas y las organizaciones que, a más de 14 años de la salida de Pinochet del gobierno, quieren avanzar, de verdad hacia una democracia que no sólo lo parezca, sino que por sobre todo, lo sea.
Lamentablemente, hay quienes incluso desde el interior del gobierno que hacen arcadas con el control ciudadano, que en otras latitudes más que un problema o un escollo es visto como un signo de fortaleza y educación. Son esos personajes, tipo Subsecretario de Pesca combinado con ministro Rodríguez Grossi (algo así como el jurel tipo tiburón del aparato del Estado) quienes sienten que el legítimo interés de las personas es una forma de frenar la imposición de una cultura de la desregulación, del autocontrol y, lo peor, la autofiscalización que ellos impulsan y pregonan.
Por eso, la contradicción fundamental que existe en el seno de nuestra sociedad que se pretende moderna pero que arrastra pesadas cadenas de conservadurismo cultural, social, religioso y político, más que con dogmáticas concepciones filosóficas o doctrinarias, tiene una mayor relación con la posición que se adopta frente al desarrollo democrático de las sociedades y el ejercicio real que las personas tienen al interior de ellas.
Quizás por eso es que gran parte de la clase política dedica la mayor parte de sus discursos, seminarios, entrevistas y documentos a hablarnos sobre la economía y sus equilibrios macros, el chorreo, el crecimiento y las exportaciones, las nuevas tecnologías y la alfabetización digital, pero poco se escucha sobre justicia, libertad, opinión, consulta, debate y diversidad y lo que se está dispuesto a hacer por profundizarlas.
Es tristemente paradojal que hoy sea más ‘fácil’ y ‘menos conflictivo’ para nuestra sociedad girar en torno a las posibilidades económicas, que favorecen a pocos y dejan migajas para muchos, que al desarrollo de la persona humana, sus habilidades, aptitudes, sueños, deseos y legítimas esperanzas. Sin embargo, aunque se insiste en convencernos de que somos apáticos y apolíticos, aún es posible ver la luz al final del camino, como en este caso, lo que permite mantener la esperanza de enderezar el actual rumbo de nuestra sociedad.
EL PERIODISTA
Contraloría por la transparencia
La Contraloría General de la República, ante una presentación de Patricio Herman y Antonio García, de "Defendamos la Ciudad" y "Cívika, Derechos Ciudadanos", respectivamente, Moisés Sánchez y Edgardo Condeza, que solicitaba un pronunciamiento por una resolución de la Conama mediante la cual ese servicio determinó actos, documentos y antecedentes afectos a secreto o reserva, sostuvo el 4 de octubre pasado que todas las reparticiones que han dictado resoluciones invocando artículos sobre secreto o reserva de sus actos debían reexaminar sus actuaciones y, en los casos que corresponda, modificarlos.
Según la Contraloría " la Administración activa se encuentra obligada a entregar copia de un documento a un particular que lo requiera siempre que ese documento no se refiera a asuntos que revistan el carácter de reservados, y que la información contenida en el antecedente solicitado afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir".
Para el ente contralor, que atendió el reclamo de los peticionarios y que incluía, además, otros 49 actos administrativos , en las resoluciones reclamadas "no se advierte el fundamento preciso para declarar secretos o reservados determinados documentos".
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