En relación con el crédito para estudiantes con aval del Estado, si bien está claro que hubo un error en la asignación, no queda claro si este se debió a la aplicación de un crietrio discrecional o si bien si se trató de un "simple error computacional", lo que en cualquiera de los casos constituye una negligencia inexcusable.
De manera ejemplar, se me ocurre que las personas afectadas podrían solicitar al Ministerio que les haga entrega de la información de los recursos que se entregaron a las 100 personas que aparecen dentro de la lista de benficiados con los ingresos más altos. Eso podría ayudar a esclarecer más la discusión, y a dimensionar la entidad del error.
lunes, enero 23, 2006
Obligacion de generar informacion publica en el sector salmonero
Ecoceanos, en un comunicado de fecha 20 de enero, afirma que en el próximo informe de evaluación de los compromisos sobre temas laborales incluidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC), con Estados Unidos, se incluirá información de la industria salmonera relativa a "incumplimiento de normas de higiene y seguridad, la tendencia a la externalización de los servicios, y una seguidilla de denuncias por prácticas antisindicales".
De acuerdo a dicho comunicado, la Directora regional del Trabajo, Adriana Moreno, explicó que "el informe está centrado en el sector salmonero e involucrará a lo menos a diez grandes empresas del sector que fundamentalmente tienen radicadas sus faenas en Chiloé. El objetivo es determinar cual es el comportamiento que tiene la salmonicultura, a la luz de los indicadores vinculados a los derechos fundamentales establecidos en el capítulo 18 del TLC firmado con Estados Unidos".
La generación de dichos informes constituye, sin duda alguna, un avance en materia de información pública, y pone de relieve la incidencia que tienen los acuerdos comerciales internacionales en esta materia, al establecer obligaciones específicas de generarla.
Moisés Sánchez R.
De acuerdo a dicho comunicado, la Directora regional del Trabajo, Adriana Moreno, explicó que "el informe está centrado en el sector salmonero e involucrará a lo menos a diez grandes empresas del sector que fundamentalmente tienen radicadas sus faenas en Chiloé. El objetivo es determinar cual es el comportamiento que tiene la salmonicultura, a la luz de los indicadores vinculados a los derechos fundamentales establecidos en el capítulo 18 del TLC firmado con Estados Unidos".
La generación de dichos informes constituye, sin duda alguna, un avance en materia de información pública, y pone de relieve la incidencia que tienen los acuerdos comerciales internacionales en esta materia, al establecer obligaciones específicas de generarla.
Moisés Sánchez R.
sábado, enero 21, 2006
Secretismo en las calificaciones de los ministros de Corte
La semana pasada fuimos testigos de la negativa de la Corte Suprema de entregar las calificaciones del ministro Carlos Cerda Fernandez a la comisión de constitución del Senado, situación que fue "salvada" por el propio ministro que solicitó autorización para llevarlas personalmente.
La resolución de la Corte Suprema fue escueta, y se limitó a señalar que tal reserva "fluye" de los artículos 274 y 276 del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, un detalle no menor es la existencia de importantes votos disidentes (cuyo contenido no conocemos), lo que da cuenta de que dicha opinión no es sólida. En este sentido, algunos juristas plantean que la reserva que tratan esos artículos solo se refieren al proceso de generación de calificaciones, y que por lo tanto dicha información debería tener carácter público.
La verdad es que en momentos en que el país se compromete cada día más con la transparencia, resulta contradictoria y anacrónica la postura de este Alto Tribunal, que viene a poner trabas a la posibilidad de generar un debate público respecto del perfil, opiniones y méritos de los candidadatos que son postulados. Por ello, la posición del ministro en cuanto a permitir el acceso a sus calificaciones a la comisión no sólo habla bien de él, sino que es un ejemplo del espíritu que deberá animar la judicatura en esta nueva etapa, de mayorn participación y transparencia.
Moisés Sánchez R.
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miércoles, enero 18, 2006
Secretismo: Chile vs. EEUU, por Felipe del Solar
La Comisión de Constitución del Senado debiera recibir hoy en Valparaíso al juez Carlos Cerda antes de decidir respecto de su ratificación para asumir como ministro de la Corte Suprema. Resulta, sin embargo, una incógnita si el procedimiento general de ratificación se atendrá o no a lo dispuesto en el nuevo Artículo 8 de la Constitución, el cual establece el criterio de publicidad para todos los actos del Estado.-
Desde que se promulgara el nuevo texto de la Constitución en agosto pasado, el Senado ha votado la ratificación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y el Consejo del Banco Central. En aquellas instancias el voto secreto ha predominado.
Coincidentemente, por estos días se debate en el Senado de Estados Unidos la nominación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de ese país. No es el objeto de esta columna analizar el fondo de los debates respecto de ambas nominaciones. Lo que se intenta resaltar, en cambio, son las diferencias en ambos procedimientos. Y las distinciones fundamentales en este caso dicen relación con la transparencia y la participación ciudadana.
La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos realizó audiencias públicas la semana pasada para conocer a fondo la posición del juez Samuel Alito respecto de temas de gran interés público, y la prensa ha dado una amplia cobertura a este proceso. Por televisión se ha podido seguir el transcurso de las audiencias y en las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha generado un amplio debate.
Es posible experimentar, a la distancia, la sensación de verdadero escrutinio público respecto del proceso para su ratificación y ha sido posible constatar su carácter eminentemente público y transparente. The New York Times informó hace algunos días que los senadores Arlen Specter (republicano), presidente de la Comisión de Justicia, y Patrick J. Leahy (demócrata) aseguraron al nominado juez Alito "un trato justo antes de decidir su voto, pero le han advertido que, antes de darle sus votos, debe convencerlos a ellos y, por tanto, al pueblo estadounidense de que merece tener un asiento en la Suprema Corte". Podemos decir que, de igual forma, los representantes en el Congreso deben convencer al pueblo estadounidense de que la decisión que tomen será la correcta.
Durante todo el proceso en cuestión, el diálogo entre los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos ha sido directo y franco. En la página web de la Comisión de Justicia, por otra parte, se puede revisar el currículum completo del juez, así como sus sentencias y su declaración patrimonial. El juez Alito declara poseer una casa avaluada en US$ 869.500 e inversiones financieras por un monto de US$ 788.750. Con estos y otros tantos antecedentes públicos, los representantes de los ciudadanos estadounidenses en el Senado podrán votar dentro de los próximos días (está anunciada la votación en sala para el 31 de enero) y los ciudadanos no sólo podrán saber cómo votaron sus parlamentarios, sino que tendrán a la mano los mismos antecedentes que ellos.
El proceso de votación respecto del nombramiento del juez Carlos Cerda se produce en un punto de inflexión en nuestra cultura de secretismo. Está en manos de nuestros parlamentarios y del Poder Judicial decidir si el procedimiento será más transparente que los vistos hasta ahora.
Proacceso, en conjunto con diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanas ha enviado hace pocos días una carta a la Comisión de Constitución de nuestro Senado, solicitando que la audiencia de hoy tenga carácter público. Confiamos en que nuestra solicitud será acogida favorablemente, pues creemos que las utilidades que los estadounidenses han reconocido en la transparencia de sus procesos públicos -ejemplificada en el proceso de ratificación del juez Alito- también debiesen beneficiar al sistema político chileno.
Felipe del Solar
Secretismo: Chile vs. EEUU (La Tercera 18.01.2006)
Desde que se promulgara el nuevo texto de la Constitución en agosto pasado, el Senado ha votado la ratificación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y el Consejo del Banco Central. En aquellas instancias el voto secreto ha predominado.
Coincidentemente, por estos días se debate en el Senado de Estados Unidos la nominación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de ese país. No es el objeto de esta columna analizar el fondo de los debates respecto de ambas nominaciones. Lo que se intenta resaltar, en cambio, son las diferencias en ambos procedimientos. Y las distinciones fundamentales en este caso dicen relación con la transparencia y la participación ciudadana.
La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos realizó audiencias públicas la semana pasada para conocer a fondo la posición del juez Samuel Alito respecto de temas de gran interés público, y la prensa ha dado una amplia cobertura a este proceso. Por televisión se ha podido seguir el transcurso de las audiencias y en las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha generado un amplio debate.
Es posible experimentar, a la distancia, la sensación de verdadero escrutinio público respecto del proceso para su ratificación y ha sido posible constatar su carácter eminentemente público y transparente. The New York Times informó hace algunos días que los senadores Arlen Specter (republicano), presidente de la Comisión de Justicia, y Patrick J. Leahy (demócrata) aseguraron al nominado juez Alito "un trato justo antes de decidir su voto, pero le han advertido que, antes de darle sus votos, debe convencerlos a ellos y, por tanto, al pueblo estadounidense de que merece tener un asiento en la Suprema Corte". Podemos decir que, de igual forma, los representantes en el Congreso deben convencer al pueblo estadounidense de que la decisión que tomen será la correcta.
Durante todo el proceso en cuestión, el diálogo entre los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos ha sido directo y franco. En la página web de la Comisión de Justicia, por otra parte, se puede revisar el currículum completo del juez, así como sus sentencias y su declaración patrimonial. El juez Alito declara poseer una casa avaluada en US$ 869.500 e inversiones financieras por un monto de US$ 788.750. Con estos y otros tantos antecedentes públicos, los representantes de los ciudadanos estadounidenses en el Senado podrán votar dentro de los próximos días (está anunciada la votación en sala para el 31 de enero) y los ciudadanos no sólo podrán saber cómo votaron sus parlamentarios, sino que tendrán a la mano los mismos antecedentes que ellos.
El proceso de votación respecto del nombramiento del juez Carlos Cerda se produce en un punto de inflexión en nuestra cultura de secretismo. Está en manos de nuestros parlamentarios y del Poder Judicial decidir si el procedimiento será más transparente que los vistos hasta ahora.
Proacceso, en conjunto con diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanas ha enviado hace pocos días una carta a la Comisión de Constitución de nuestro Senado, solicitando que la audiencia de hoy tenga carácter público. Confiamos en que nuestra solicitud será acogida favorablemente, pues creemos que las utilidades que los estadounidenses han reconocido en la transparencia de sus procesos públicos -ejemplificada en el proceso de ratificación del juez Alito- también debiesen beneficiar al sistema político chileno.
Felipe del Solar
Secretismo: Chile vs. EEUU (La Tercera 18.01.2006)
martes, enero 17, 2006
Transparencia en el Poder Judicial, por Laureano Checa
La inquietud de la nueva presidencia de la Corte Suprema en torno a eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que está dibujando la propia Constitución.-
Transparencia en el Poder Judicial
La decisión de la nueva presidencia de Corte Suprema —que a partir de enero estará encabezada por Enrique Tapia— de relevar el tema de la transparencia en el Poder Judicial abrió un debate enriquecedor y que puede arrojar grandes frutos para la democracia chilena.
No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.
En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.
En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).
El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.
En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.
La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".
Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.
Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.
Laureano Checa
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No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.
En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.
En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).
El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.
En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.
La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".
Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.
Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.
Laureano Checa
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