Comunicado: Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana

Ciudadanía quiere presenciar el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde se analizará la designación del ministro Carlos Cerda como integrante de la Corte Suprema. Se requirió también la posibilidad de canalizar sus consultas a través del presidente de dicha instancia, Alberto Espina (Proacceso, 17.01.2006).-


Mayor transparencia en las decisiones:
Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana

La publicidad de las sesiones donde se deciden los nombramientos en el Senado ha evidenciado la carencia de un debate público en torno a la opinión sobre temas de gran interés ciudadano de aquellos candidatos a asumir cargos de alta relevancia. El análisis de lo sucedido en la sala demuestra que las decisiones se resuelven en las entrevistas que sostienen los postulantes en la comisión correspondiente, que no son públicas.

Frente a eso, una docena de representantes de la sociedad civil coordinados por Pro Acceso solicitaron al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, senador Alberto Espina, que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento sobre lo que sucede en esta instancia, dotando de mayor transparencia todo el proceso de designación.

En una carta dirigida a Espina, representantes de ONGs, escuelas de Derecho y Periodismo y profesionales a título personal solicitaron a la comisión que les permitiera asistir a la sesión del día 18 de enero de 2006, donde se estudiará el nombramiento del Juez Carlos Cerda a la Corte Suprema. En caso de que la respuesta sea positiva, se requirió “que se deje constancia en registros de acceso público de la discusión efectuada en esta sesión”, como una forma de sentar un precedente para futuras nominaciones.

También se pidió al senador que canalice una pregunta de la Sociedad Civil al ministro, para que éste se refiera a su “posición respecto al rango jurídico que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile deben tener en nuestro ordenamiento. Asimismo, (consultarle) en qué medida deben incidir al momento de fallar cuestiones que afectan derechos constitucionales”, indica la misiva.

Los firmantes de la carta son Juan Pablo Olmedo, presidente de ProAcceso; Felipe González, director del Programa de Derechos Humanos e Interés Público, Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de Corporación Participa; Sebastián Cox, presidente de Corporación ONG Forja; Federico Allendes, de Ciudad Viva; Jorge Osorio, director de Fundación Ciudadana para las Américas; Claudia Lagos, encargada del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Andrea Vial, directora de la Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado; Pedro Anguita, Escuela de Periodismo, Universidad Santo Tomás; Domingo Lovera y Jorge Contesse, profesores Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y María José Eva, abogada.

Profundizar la democracia

Juan Pablo Olmedo, explicó que esta iniciativa busca aumentar la participación de la ciudadanía en aquellas decisiones que le afectan directamente, mejorando a la vez las herramientas de control ciudadano.

“Hemos detectado que la publicidad de las sesiones en sala no es suficiente, puesto que las decisiones se toman en la comisión a puertas cerradas. Por eso hemos pedido que se nos permita asistir a la comisión el 18 de enero, que la ciudadanía pueda hacer llegar sus consultas y que se fije un precedente, para que la sociedad civil pueda volver a realizar este ejercicio de control ciudadano”, enfatizó.

El presidente de ProAcceso resaltó que una respuesta positiva por parte de la comisión marcará un antes y un después en términos de participación ciudadana, sentando las bases para profundizar, trasparentar y enriquecer nuestra democracia.

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Salmonicultura: Necesidad de generar información pública de sus impactos ambientales

Hoy se publico en "El Mercurio" una Carta de Rodrigo Infante, Gerente General de "SalmonChile A.G.", en la que dando respuesta a las críticas del economista de Oceana Cristian Gutierrez relativas a las deficiencias de la gestión ambiental y laboral del sector, señaló que "Es absolutamente falso que la situación de los ecosistemas se tradujera en costos económicos entre 138 y 270 millones de dólares, como sostiene el economista. Hasta el momento no hay ningún estudio público que acredite que existe daño o alteración en los ecosistemas, ni tampoco ninguna acción relativa al tema que explique los montos a que él alude". Dicho de otra forma, para el no hay daños porque no hay información pública que de cuenta de el.
Lo anterior es sólo un ejemplo, que sirve para demostrar que la ausencia de información respecto de los impactos ambientales en los más importante sectores económicos de Chile (Salmonicultura, Pesca, Bosque, etc), es uno de los grandes temas pendientes. No es posible que Chile no sepa cuantos recursos naturales se "gastan" en las actividades productivas, y por ello es necesario generar información pública (a través de cuentas ambientales u otro sistema) que reflejen el costo de nuestro desarrollo.

Moisés Sánchez R.

Fin del reglamento de secreto: ¿fin del secretismo?

Después de todas las acciones presentadas tanto en Contraloría como en Segpres en contra del secretismo ( y de las cuales ya hemos hablado en extenso en otras oportunidades); la reforma constitucional que garantizó en su nuevo artículo 8º el carácter públicos de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como de los fundamentos y los procedimientos que utilicen; y todo el debate generado en materia de transparencia, finalmente fue dejado sin efecto el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos, mediante el DS 134 de Segpres, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 2006. Esto, sin duda alguna, constituye una gran victoria ciudadana contra la opacidad.-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

Bajar DS 134 SEGPRES aqui

Articulo relacionado:

Celebran derogación de decreto sobre reserva de información pública

Fotografia:

Emigre 69. the final issue, por Ed Fladung (bajo licencia creative commons)

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Secretismo en INDAP

En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

SANTIAGO, 13 de enero de 2006, (Cronologia del Secreto).- En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.

En efecto, mediante la resolución administrativa Nº 7/2003, esta repartición declaro reservadas, entre otras materias, las “Auditorias, informes financieros y antecedentes patrimoniales entregados por los beneficiarios y sus organizaciones”, como asimismo las “bases de datos con información crediticia, financiera o de cualquiera otra naturaleza, de los beneficiarios de INDAP”, con lo que se limitó la posibilidad de generar controles de coherencia financiera.

Estas restricciones se establecieron amparándose en el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos (DS 26/2001 Segpres), cuya derogación fue declarada el 5 de enero de este año, en razón de ser incompatible con el principio de publicidad de los actos de las autoridades contenidos en el nuevo artículo 8º de la Constitución, incorporado en la última reforma a la carta Fundamental.

Ahora que dicha norma de secreto ya dejo de estar vigente, y con el fin de evitar posibles ambigüedades interpretativas, se hace necesario avanzar hacia un código de buenas prácticas en esta materia, que nos permita evitar problemas como los comentados en el futuro.

Moises Sanchez.-

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Un 2006 con más participación y transparencia

Quiero comenzar este nuevo año haciendo un rápido balance de los avances en materia de acceso a la información pública durante 2005, y los desafíos pendientes para este 2006. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la colaboración de una serie de personas e instituciones con las que me tocó trabajar de manera más cercana.-

Moises Sanchez, en Cronologia del Secreto

SANTIAGO, 02 de enero de 2006, (Cronologia del secreto).- Quiero comenzar este nuevo año haciendo un rápido balance de los avances en materia de acceso a la información pública durante 2005, y los desafíos pendientes para este 2006. También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer la colaboración de una serie de personas e instituciones con las que me tocó trabajar de manera más cercana.

Respecto de los avances, sin lugar a dudas el de mayor trascendencia fue la incorporación de un nuevo artículo 8º a la Constitución, que garantiza la publicidad de los actos y documentos públicos, y que señala además que las causales de secreto sólo podrán ser establecidas por medio de ley de quórum calificado. Con ello se echó por tierra la práctica existente en la administración de dictar resoluciones de secreto para sustraer del conocimiento público una serie de informaciones que por su propia naturaleza revestían el carácter de públicas. A esto se suma el anuncio de la derogación del reglamento de secreto y reserva de los actos públicos (DS Nº 26/2001 Segpres), que efectuó el ministro Dockendorff hace algunos días. Cuando dicha derogación se haga efectiva, se eliminará toda posibilidad de que las autoridades administrativas pueda decidir por si misma, de manera discrecional, que actos y documentos son públicos y cuales no, lo que sin duda alguna contribuye al mejoramiento de las instituciones democráticas.

A pesar de lo anterior, aún existen muchas tareas pendientes para este año, de las cuales sólo quiero mencionar las más importantes:

a. Aprobar la ley de acceso a la información pública: Este proyecto de ley se encuentra actualmente en la cámara baja para su revisión, sin urgencia, lo que constituye un contrasentido, toda vez que hoy más que nunca, se hace necesario contar con una ley que regule la materia.

b. Establecer una comisión de acceso a la información: Esta es una materia de la mayor importancia, pues esta comisión contribuiría a lograr una correcta aplicación de la normativa de información pública que sea aprobada.

c. Garantizar un debate informado en el Senado respecto del perfil de los candidatos a ocupar altos cargos públicos, tales como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, entre otros: Uno de los efectos de la reforma a la constitución, fue la eliminación de las sesiones secretas en el Congreso, especialmente aquellas en las que se designan funcionarios públicos, pero a pesar de ello, en las últimas designaciones no ha existido debate alguno en sala respecto de la idoneidad de los candidadatos, lo que inhibe la discusión pública.

d. Establecer la obligación del Estado de conservar, procesar y generar información: La experiencia ha demostrado que no basta con garantizar el acceso a los documentos que “existen”, sino que es vital –especialmente en aquellos sectores de alto impacto ambiental o social-, que el Estado asuma la obligación de “generar” la información necesaria para saber el desempeño de estos sectores.

Desde luego la lista no es exhaustiva, pero al menos sirve para ver que no son pocos los desafío que aún quedan por delante.

Muchos de los avances obtenidos no se habrían concretado sin la acción decidida y valiente de una serie de personas e instituciones, y la colaboración desinteresada de otras tantas, a las que quiero felicitar y agradecer por toda su acción desplegada. En particular, quiero dar las gracias a las siguientes personas, con quienes me tocó desarrollar una acción mucho más estrecha:

Patricio Herman, de la agrupación “defendamos la ciudad”, gran dirigente ciudadano, que se ha caracterizado por presentar grandes luchas en contra del secretismo en materia urbano-territorial, y que fue “el motor” de muchas acciones.

Ximena Abogabir, de Casa de la Paz, que fue de gran apoyo en muchos momentos claves, en los que su consejo demostró ser tan sabio como siempre, y su respaldo un factor decisivo.

Juan Pablo Olmedo, de Proacceso, por todas las iniciativas desplegadas que pusieron en el debate público como nunca antes el tema del secretismo, y la motivación que me entregó para desarrollar muchas acciones que luego serían exitosas. También quiero agradecer a Laureano Checa, periodista de la misma institución, que me dio importantes enseñanzas para hacer mis notas y artículos mas comprensibles para los “no abogados”.

Fundación Terram, especialmente a su director ejecutivo Rodrigo Pizarro y su periodista Pilar Gil, que apoyaron todas las acciones contra el secretismo que le planteamos, y que actualmente ya están desarrollando iniciativas propias.

Organización Oceana y Marcel Claude, que desarrollaron muchas iniciativas en contra del secretismo en materia pesquera a través de la excelente gestión de su abogado Matias Guiloff, y que fueron copeticionarios en muchas de las acciones que nos tocó coordinar.

Centro Ecocéanos, que tuvo un rol importantísmo en difundir los alcances del secretismo en el sector marino, y que también estuvo presente en varias de las acciones. Agradezco también los sabios consejos de Juan Carlos Cárdenas, que fueron de mucha utilidad para el planteamiento estratégico de los casos, y el apoyo periodístico de Patricio Igor.

Ciudad Viva, que siempre tuvo la energía para estar presente, y que colaboró con la difusión del tema a nivel local. No puedo pasar sin destacar a Lake Sagaris, Patricio Lanfranco y Federico Allendes como grandes apoyos en esta tarea, a pesar de que ellos muchas veces no quieren aceptarlo.

También quiero agradecer a todos los abogados que colaboraron de manera desinteresada con su opinión y consejo, lo que fue de mucha utilidad para el éxito de las acciones, especialmente a Domingo Lovera, de la Clínica de asuntos de interés público de la Universidad Diego Portales, y a Matías Guiloff, con quienes coincidimos el año pasado en muchas iniciativas y actividades, lo que contribuyó a fortalecer nuestra amistad. También quiero dar las gracias a Rodrigo Egaña, subsecretario de Segpres, quien siempre fue muy gentil para atender nuestras solicitudes de una manera especial; y a Marta de la Fuente, de la comisión asesora presidencial, por la especial atención que le prestó a los casos que le planteamos.

Además, doy gracias a todos aquellos que no han sido mencionados en esta ya larga lista, y que de alguna forma colaboraron en las acciones en contra del secretismo. Esperamos seguir contando con ese valioso apoyo este año.

Que este año 2006 nos traiga buenas noticias en materia de información pública y transparencia¡¡

Moises Sanchez.-

Fotografia:

Año Nuevo Cavancha de pcavendaño (bajo licencia creative commons)

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